El ex alcalde de Pego, obligado a pagar los daños en el marjal
La Audiencia de Alicante ha dictado una providencia en la que acuerda la ejecución de la sentencia condenatoria al ex alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, y al ex teniente de alcalde, José Orihuel, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente derivado de los daños ocasionados en el marjal Pego-Oliva, humedal declarado parque natural en 1994.
El regidor, en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre, fue condenado a tres años de prisión y otros tantos de inhabilitación y al pago de una multa de 7.920 euros por los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente y a otros tres años por atentado al director del parque. Mientras, Orihuel, ex concejal de Agricultura y ex presidente de la Comunidad de Regantes, fue penado con tres años de prisión y la misma multa.
El tribunal evaluó los daños cometidos en el espacio protegido en 1,2 millones de euros, cifra con la que tendrán que indemnizar ambos condenados a la Generalitat Valenciana. La sala decretó responsables civiles subsidiarios al Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes de los Arrozales de Pego. Ambas instituciones tendrían que hacer frente a la indemnización en el supuesto de que el regidor y el edil acrediten su insolvencia económica.
La orden de ejecución de la sentencia acordada por la sección 3ª de la Audiencia de Alicante no implica el ingreso inmediato en la cárcel de los dos condenados, pese a que el tribunal ya los ha inscrito en el Registro Central de Penados y Rebeldes. La pena de cárcel ha sido recurrida por los abogados de los dos condenados y el tribunal está ahora a la espera del informe de las partes para decidir si atiende la petición de suspensión de condena.
Tanto la Audiencia de Alicante como posteriormente el Tribunal Supremo consideraron probado que el ex alcalde de Pego y el ex teniente alcalde se concertaron para realizar actuaciones tendentes a recuperar el cultivo del arroz y lograr así mejores precios para las fincas de particulares existentes en el marjal. Para ello, autorizaron realizar quemas de vegetación, rebajar el nivel de agua y construir caminos y diques.
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