Los socialistas llevan al juez al alcalde de Burriana por beneficiar a un promotor

Los socialistas presentaron ayer en los juzgados de Vila-real una querella contra el alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, del PP, por prevaricación, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos públicos, entre otros supuestos delitos. La denuncia, que pide que se investigue una cuenta a nombre de Ferrada en Andorra, afecta también a dos concejales, pero su núcleo es la urbanización de Pedrera Port, en la que el alcalde, según el PSPV, mantuvo sin tramitar el programa de actuación integrada (PAI) presentado por un constructor local mientras compraban terrenos en la zona a recalificar empresas vinculadas a un promotor con el que tiene amistad, quien se hizo con la adjudicación.

La denuncia revela supuesta información privilegiada en el PAI Pedrera-Port

El PSPV de Burriana ha cumplido su promesa de llevar a los tribunales la conducta del alcalde de la ciudad, el popular Alfonso Ferrada, en varias actuaciones urbanísticas. Los socialistas exigieron que rectificara sus decisiones y "ante la callada por respuesta", lo han llevado al juzgado. La portavoz del grupo municipal socialista, Iolanda Porcar, aseguraba ayer, poco después de presentar la querella en el juzgado de Vila-real: "Nuestra obligación era dejar la causa en manos de quien puede evaluarlo de forma ecuánime, en manos de la justicia". La ejecutiva local del PSPV denuncia a Ferrada por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, cohecho, contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos y de negociaciones y actividades prohibidas. Además, solicita al juez que investigue la posible existencia de una cuenta en un banco de Andorra a nombre de Alfonso Ferrada, su esposa y el padre de ésta, así como las declaraciones de renta.

La querella no sólo está dirigida contra el alcalde sino también contra el concejal de Urbanismo, Javier Perelló, y contra el promotor presuntamente beneficiado por el PP, Carlos Esteve. La querella relata también contrataciones efectuadas por el concejal de Fiestas, Pedro Luis Sancerni, al que se acusa de presuntos delitos de malversación y negociaciones y actividades prohibidas.

La denuncia se centra en la adjudicación del PAI de Pedreda-Port a la empresa Corporación Inmobiliaria Albia, pero también hace referencia a actuaciones que se han sucedido después, como la posición del Ayuntamiento ante unas obras realizadas en un hotel propiedad de la familia del alcalde, así como en un solar también de su propiedad y en el procedimiento de otras adjudicaciones urbanísticas.

Sobre el PAI Pedrera Port, los socialistas relatan al juez cómo el PP mantuvo sin tramitar, durante un año, un programa presentado por una constructora local. Al mismo tiempo, tres mercantiles comenzaron a adquirir terrenos en la zona que posteriormente sería recalificada. Para ello, a entender de los querellantes, dispusieron "sin lugar a dudas de información privilegiada". Finalmente, Albia presentó su propuesta y obtuvo la adjudicación con "graves irregularidades en la tramitación" y en un "tiempo récord". El PSPV asegura que entre el administrador de esta firma y el alcalde hay una relación de amistad y que el proyecto vulnera hasta cuatro leyes. Después de que los técnicos municipales manifestaran sus reservas, Ferrada optó por contratar un informe jurídico externo que avalara su decisión.

La aprobación del PAI Pedrera-Port quedó únicamente condicionada a lo que marcara el documento previo a la revisión del Plan General. Entonces, el PP decidió encargar su redacción a uno de los técnicos que había redactado el Pedrera Port, con lo que, según la querella, "es de lógica pensar" que las bases que el redactor plasme en el documento serán las que se adaptarán "con total perfección" a la propuesta en la que también él trabajó.

En cuanto al concejal de Urbanismo, la querella relata cómo Javier Perelló conduce un vehículo, de marca BMW, propiedad de una empresa que forma parte de un grupo al que se han adjudicados desarrollos urbanísticos. Perelló participó directamente en la tramitación de otro desarrollo urbanístico en el que tiene un interés directo ya que, junto a su esposa, es propietario de una parcela. Ese plan cuenta con un informe municipal en contra firmado por cuatro técnicos. El PP recurrió de nuevo a un informe externo que diera su visto bueno.

Por último, la querella señala a Luis Sancerni como presunto autor de malversación y negociaciones prohibidas por encargos de menor cuantía realizados a la empresa de su hijo y a la de su cuñado, sin que mediara procedimiento alguno.