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Conflictos urbanísticos

El alcalde de Puerto Real acusa a Junta y PSOE de denunciarle sin fundamento

El alcalde de Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso, de Izquierda Unida, se definió ayer como la víctima de una campaña de "liquidación moral y política" emprendida por el PSOE, con el instrumento institucional de la Junta. El Gobierno andaluz presentó un recurso administrativo contra la licencia que el Ayuntamiento concedió hace tres años para permitir la construcción de una vivienda de lujo para su hermano, Francisco Javier, en una parcela destinada a suelos educativos.

Un auto judicial lo ha desestimado por estar fuera de plazo. El primer edil cree que la Junta descuidó "conscientemente" los tiempos porque lo único que le interesaba era perjudicar su imagen y no entrar a fondo de una denuncia que calificó como "infundada".

Barroso compareció ayer públicamente tras conocerse ese auto y después de que se difundiera que dos empresas inmobiliarias vinculadas familiarmente con él tienen 96 propiedades que podrían alcanzar entre los 8 y los 10 millones de euros. Durante su intervención, el alcalde no hizo referencia directa a estos datos aunque sí defendió que "Puerto Real es el municipio de mayor seguridad jurídica de la provincia de Cádiz, donde no tienen cabida procesos inmobiliarios irregulares". Insistió en que ni él ni sus concejales han sido nunca imputados por asuntos urbanísticos.

Las principales críticas las dirigió contra los socialistas y aseguró estar preparado para nuevos ataques. "Contestaremos con la misma contundencia y mandaremos al basurero de la historia a sus promotores y a sus epígonos", anunció. Previamente el coordinador provincial de IU, Antonio Roldán, había asegurado que "hay partidos dispuestos a dar golpes de Estado si tuvieran ejércitos sólo por arrebatarle a IU las alcaldías".

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