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El juez del 'caso Ballena Blanca' retira la imputación contra nueve concejales de Manilva

Javier Martín-Arroyo

El juez instructor del caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol, Miguel Ángel Torres, ha sobreseído la causa abierta contra nueve ediles que integraban el equipo de gobierno de Manilva (Málaga) en 2003. Entre ellos figura el actual alcalde, Salvador Zotano, quien, según considera el magistrado, desconocía, al igual que el resto de ediles, la ilegalidad del convenio urbanístico ratificado el 28 de noviembre de 2003 y que permitió aumentar el valor y la edificabilidad de los terrenos de la Finca La Parrada.

El juez Torres considera que los ediles siguieron "las consignas" del entonces alcalde, Pedro Tirado, y presidente del Partido Democrático de Manilva (Pdem). Tirado estuvo preso más de dos meses en 2005 tras la operación policial Ballena Blanca, que se centró en el aumento de valor de los terrenos.

Los nueve ediles para los que se ha sobreseído el procedimiento son José Benítez, Rafael Mena, Francisco Miguel Álvarez y Manuel Ramos (Pdem), Salvador Zotano (expulsado del PSOE), Antonia Muñoz, Diego Urieta, Mario Jiménez y Francisca López (IU). El magistrado señala que la investigación tampoco revela que estos ediles hayan podido percibir cantidad alguna de la sociedad Royal Marbella Estates, ni de las personas que la controlan por su voto. La sociedad adquirió entre 2002 y 2004 fincas en San Roque (Cádiz) y Manilva (Málaga), por importe de 7,24 y 2,49 millones de euros, respectivamente.

Los responsables de la mencionada sociedad inmobiliaria, Aki Kujala y Stefan Biegert, se pusieron en contacto con el ex alcalde Tirado para firmar un convenio por el que el Ayuntamiento de Manilva se comprometía a incluir La Parrada en un expediente de cumplimiento de suelo urbanizable no programado y a determinar la programación de la parcela, que fue aprobado en marzo de 2004 por la Comisión Provincial de Urbanismo, tras el acuerdo municipal previo, adoptado en noviembre de 2003.

Seis meses después, el alcalde de Manilva, Pedro Tirado, y Stefan Biegert -quien está en busca y captura- firmaron un segundo convenio por el que se otorgaba a las parcelas una densidad de 18 viviendas por hectárea, frente a las 10 por hectáreas establecidas. El convenio, "a diferencia del anterior, nunca ha sido ratificado por el pleno y era desconocido para los concejales salvo el propio Pedro Tirado", argumenta el juez.

Los terrenos adquiridos por Royal Estates fueron vendidos a Desarrollos Urbanísticos La Parrada el 30 de septiembre de 2004 por 101,69 millones de euros, lo que supuso un beneficio para la primera de 91,9 millones en apenas un año.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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