El fiscal pide reabrir la instrucción de la estafa del 'caso Ciempozuelos'

En el intento de macroestafa de 152 parcelas de Ciempozuelos, los denunciantes no eran tan buenos ni los denunciados tan malos a juzgar por el escrito que ha enviado el fiscal al juez de Valdemoro Agustín Carretero. La Fiscalía de Madrid le ha remitido un informe en que el ve "mala fe" y "mendacidad" en algunos denunciantes y por ello pide al juez que reabra la investigación, que estaba cerrada y con siete reos.

Este caso es la raíz del que supuso el ingreso en prisión de los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón por cohecho y blanqueo de capitales. En concreto, alude al grupo empresarial que supuestamente pretendió arrebatar el año pasado 152 fincas a sus supuestos dueños. Esas fincas ocupan un millón de metros cuadrados, que iban a ser recalificados, lo que generaría plusvalías de unos 600 millones.

La Fiscalía entiende que los denunciantes -la sociedad Prosci, que acudió al juzgado para decir que el citado grupo empresarial quería adueñarse de fincas de otros y pidió que no se dejase a sus directivos acercarse a Ciempozuelos- han podido obrar de "mala fe" y cometer "fraude procesal". Según el fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, la actitud de los denunciantes ha originado que el juzgado se fiara de la "buena fe procesal" de ellos y diera "por válida la relación de afectados y perjudicados" que Prosci indicaba en su denuncia. Proci describía las fincas y junto a ellas decía quién era su dueño.

La realidad, según la Fiscalía, es que esa relación de afectados "es inveraz e incluso mendaz". Valerio señala en su escrito: "Basta repasar los folios 3.761, 4001, 4082 (...) para comprobar que las sociedades constituyentes de Prosci -Esprode, Bitango y Sanedi-, en enero de 2007, poseían la práctica mayoría de las fincas alegadas; que la mitad de aquellas se habían adquirido en los meses anteriores, y que un porcentaje significativo se adquirieron con inmediatez a la presentación y admisión de la denuncia". Es decir, que algunos denunciantes han podido utilizar las medidas cautelares del juez para dar pelotazos urbanísticos en la zona, tal y como supuestamente pretendían hacer los denunciados.

Alerta del catastro

El caso de esta macroestafa surge cuando el catastro alerta a una serie de vecinos de Ciempozuelos de que había ocho sociedades que pretendían escriturarse 152 fincas en la zona. La mayoría de las fincas estaban sin inscribir en el registro de la propiedad. Los denunciantes, la asociación Prosci (que integra al Ayuntamiento de Ciempozuelos, Esprode y Bitango, sociedad ésta vinculada al empresario Fidel San Román, uno de los implicados en el caso Marbella) aseguraron que esas ocho sociedades estaban utilizando tretas para apoderarse de esas fincas en connivencia con dos notarios.

Tras recibir esa denuncia, el juez Carretero ordenó a los directivos de esas empresas que no se acercaran a Ciempozuelos y, como medida cautelar, dictó una resolución prohibiendo la compraventa e inscripción de las mismas en los registros. El fiscal señala ahora: "Mal puede ser perjudicado una sociedad [el fiscal se refiere a Prosci y el resto de sociedades] que, después de transmitir información inveraz sobre perjudicados, aprovecha el auto de prohibición de transmisiones para (...) comprar la totalidad de [22] parcelas". Lo llamativo, pues, es que meses después de dictar esa orden, Esprode, y otras personas, hayan acudido al juez alegando que en la zona tienen más fincas, algo de lo que no informó en la denuncia. Según documentos del sumario, esas fincas han sido escrituradas con posterioridad a la orden judicial.