Los extranjeros de Marbella temen por sus casas

"Para mí era ilegal y decidí no firmar. Averigüé que mi casa iba a carecer de licencia de primera ocupación, y a pesar de ello el abogado insistía en que era algo habitual en Marbella. Me estafaron". El calvario de la británica Alison Carter, que abonó 100.000 euros como adelanto para una vivienda en la urbanización Santa María Village, está aún lejos de resolverse. Después de invertir la herencia de su padre en una casa en la playa, litiga con la promotora Sifasa para que le devuelva el boyante adelanto, porque nadie le avisó de que la construcción incumplía el plan general vigente de 1986. "Es sencillamente imperdonable e incomprensible que obviaran los problemas legales", explica asombrada.

Una firma británica sacará una póliza para asegurar propiedades ante posibles derribos

"Un día abrimos 'The Sunday Times' y vimos que habían declarado ilegal nuestro edificio"

Es una historia que se repite, consecuencia del urbanismo desmedido impuesto durante 15 años por el fallecido ex alcalde Jesús Gil y su mano derecha y supuesto cerebro de la red de corrupción municipal, Juan Antonio Roca. La comisión gestora de Marbella busca ahora romper la barrera del idioma para acercar el complejo planeamiento urbanístico de la ciudad a la población extranjera y frenar en seco las estafas.

El ambicioso reto supone integrar a este amplio porcentaje de la población (un 15%, 20.000 de 130.000 habitantes) en la batalla por restaurar la legalidad urbanística. La proliferación de viviendas ilegales vendidas a los extranjeros a través de sus abogados ha provocado que formen el colectivo más afectado, como compradores de buena fe, por la regularización del caos urbanístico. "A los extranjeros hay que aclararles el proceso de normalización de viviendas ilegales y contarles cómo pueden reclamar o expresar sus quejas. En definitiva, señalarles el camino", expone el asesor técnico de Urbanismo de la gestora, Javier de Luis.

Para implicar a la población extranjera, la gestora quiere volcar en Internet un mecanismo que les acerque a cuestiones generales del avance del nuevo plan general, así como una traducción completa de este documento vital para entender el enmarañado urbanismo marbellí, tan pronto como esté publicado. Algunos documentos relativos al avance del nuevo plan general ya incluyen una traducción al inglés, pero muchos otros como los planos están en castellano.

Desde que los medios se hicieron eco del caos legal existente, muchos de los extranjeros han acudido a la comisión gestora para conocer de primera mano la situación de sus viviendas. Las alarmas han saltado. Sobre todo tras la amenaza real de las demoliciones, solicitadas por la Junta de Andalucía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para derribar 334 viviendas ilegales.

Mientras, la compañía de seguros británica First Title ha visto una oportunidad de negocio en la angustia que embarga a los propietarios de las 30.000 viviendas ilegales de la ciudad. Después de analizar los riesgos, la empresa sacará al mercado en las próximas semanas una póliza para asegurar las propiedades adquiridas ante la posibilidad de que queden expuestas a la demolición tras la anulación judicial de sus licencias de obra. De las 30.000 viviendas ilegales, la Junta calcula que 25.000 podrían ser legalizadas en el próximo plan urbanístico, mientras que 5.000 son consideradas pecados mortales al ocupar espacios destinados a zonas verdes y equipamientos.

"En Marbella han fallado múltiples protecciones y las demandas en los tribunales están batiendo récords. Los extranjeros sienten que el sistema español les ha fallado, porque todo funcionó hasta la operación Malaya, cuando se descubrió el pastel". El abogado Carlos Cómitre defiende a 40 británicos que han sufrido constantes fraudes en distintas promociones. Algunos adquirieron una casa en la urbanización Marbella Vista Golf y después de pagar un adelanto de 260.000 euros, la promotora Arquigest 2003 les informó de que no se iba a construir. Los clientes recuperaron su dinero el pasado verano tras un largo proceso judicial.

"El sistema británico es muy sencillo y depositan toda su fe al estar representados por abogados. Se fían de ellos porque aquí les echa para atrás el miedo y el poco dominio del idioma. Ahora bien, en ocasiones acudieron al abogado recomendado por la inmobiliaria, que nunca les diría que no a los problemas de legalidad urbanística", critica Cómitre.

El edificio ilegal Banana Beach se convirtió en un símbolo al contar con la primera sentencia que anuló la licencia de obra. "El abogado y los notarios españoles encontraron todo normal. Un día abrimos The Sunday Times y vimos que habían declarado ilegal nuestro edificio a pesar de contar con licencia de primera ocupación", relata John Poomey, propietario del Banana Beach.

El problema es de tal envergadura, que no sólo afecta a los propietarios. Roger Morback denunció en repetidas ocasiones una promoción de 45 viviendas plurifamiliares frente a su casa en la zona de Guadalmina. "Después de muchísimo trabajo logramos que la paralizaran. Nos quita vistas, privacidad y esperamos que la derriben porque aquí no hay terceros de buena fe que valgan", anuncia.