La dirección de IU convoca un consejo extraordinario para rehacer sus listas

Un consejo político extraordinario de IU rehará las listas electorales de la coalición en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, así como en 48 municipios en los que se presenta. Así lo decidió ayer la Ejecutiva de la coalición, que convocó una reunión precipitada por la tarde y aprobó una resolución (con los votos de 16 de los 17 presentes) en la que acata el dictamen de la Comisión de Garantías Regional aprobado el pasado martes. El órgano de resolución de conflictos concluyó que el método de reparto de los puestos en las listas contravenía los estatutos.

La reunión de la Ejecutiva regional duró cerca de media hora y concluyó con la votación de la resolución, difundida en un comunicado por la coalición de izquierdas. Sólo hubo una abstención, de la única representante de las corrientes minoritarias que estuvo presente.

La dirección regional de IU decidió dar por válida la resolución de la Comisión de Garantías, que dictamina que utilizar la fórmula del resto mayor para distribuir los puestos de sus candidaturas va contra los estatutos, que recogen el sistema del cociente mayor. La diferencia es que el segundo método es más proporcional y refleja mejor la existencia de minorías.

La fórmula utilizada en el Consejo Político Regional del pasado 19 de diciembre -impugnada ante la Comisión de Garantías- deja a las corrientes minoritarias en los puestos de cola de las candidaturas. En las elecciones de 2003, IU obtuvo nueve escaños en la Asamblea regional y cuatro en el Ayuntamiento de Madrid.

Por eso, la dirección "declara su voluntad política de aplicar dicho dictamen" y promueve un Consejo Político Regional extraordinario. La fecha no fue fijada porque, según una portavoz, corresponde a la presidencia regional determinarla y lo hará en la próxima reunión que tenga.

La resolución también aboga por "conseguir los objetivos de máxima integración y consenso en las candidaturas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid". Para ello, prosigue, aplaza "la celebración de la Conferencia Electoral Programática", que estaba convocada para los próximos 26 y 27 de enero y que tenía previsto ratificar las listas electorales. La nueva fecha se fijará en un consejo político extraordinario.

La decisión de la dirección regional contempla únicamente rehacer las listas electorales a partir del número dos. La razón es que las pegas al proceso de elección de la Comisión de Garantías no se refieren a los cabezas de cartel -Gregorio Gordo, a la Asamblea regional, y Ángel Pérez, al Ayuntamiento de Madrid-, porque éstos fueron elegidos en una convocatoria anterior.

Sin embargo, eso no significa que haya acuerdo sobre ellos. Las corrientes minoritarias de la coalición -situadas en torno a la portavoz municipal Inés Sabanés, al diputado Fausto Fernández y al dirigente federal Enrique de Santiago- vienen insistiendo en que se han producido irregularidades en muchos procesos electorales de las asambleas y se han negado a negociar las listas mientras no se aclare la situación. Eso ha permitido que la mayoría encabezada por Pérez se repartiera los puestos de las candidaturas al negociar con otras corrientes con menor representación.

Hasta ocho denuncias de irregularidades fueron expuestas ante la Comisión de Garantías Regional, que rechazó entrar en el fondo, y se presentaron luego a la comisión federal, órgano superior. Por ejemplo, la candidatura de Pérez fue impugnada ante la comisión federal, que todavía no se ha pronunciado.

Virginia Díaz

Los militantes de la capital se quejaban de que era la única agrupación en la que su cabeza de lista no era votado exclusivamente por sus afiliados, sin por los de toda la región. Convocaron unas primarias para conocer a quién preferían y la abogada Virginia Díaz, con el 78% de los votos, ganó a Ángel Pérez.

En otro proceso, la comisión federal dictaminó a principios de diciembre que había que repetir las elecciones a las candidaturas en todas las asambleas donde no se permitió presentar listas alternativas con el apoyo del 10% de los militantes de cada asamblea, como imponen los estatutos federales. Eso sucedió al menos en Coslada, Leganés y Móstoles.

Pero la Ejecutiva regional no ha aceptado en este caso el dictamen de la Comisión de Garantías Federal y, en diversas ocasiones, ha acusado a esta comisión de estar en una situación irregular. La última fue el jueves, cuando Pérez aseguró que "no cumple su propio reglamento". También aseguró que "llega tarde" cualquier decisión de esa comisión porque ha tardado mucho en contestar las impugnaciones de los procesos electorales. Por eso, fuentes cercanas a las corrientes minoritarias comentaron ayer la resolución de la dirección regional: "Esperamos que cuando existan resoluciones federales se acaten también".