El Supremo anula la sentencia de Azucarera Ebro por falta de claridad y ordena a la Audiencia que la rehaga
La Sala Penal del Supremo anuló ayer la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 13 directivos de Azucarera Ebro a penas de entre nueve años y nueve meses, y un año y nueve meses de prisión, por delito de falsedad documental y contra la Hacienda comunitaria por el fraude del azúcar, dada la "falta de claridad" de los hechos declarados probados.
El Supremo ha devuelto la sentencia a la Audiencia Nacional para que la redacte de nuevo y establezca claramente los fundamentos de la prueba, la subsunción de los hechos en el tipo penal del delito fiscal y los fundamentos de la autoría de los acusados.
Según la sentencia de la Sección Cuarta Penal de la Audiencia ahora anulada, los directivos de Azucarera Ebro fueron condenados por ocultar sobreproducciones de azúcar fuera de las cuotas permitidas por la UE, simulando movimientos internos dentro de la misma empresa, cuando realmente el azúcar salía al mercado exterior. El fraude habría ascendido a los 27 millones de euros (4.600 millones de pesetas).
Según el Supremo, la anulación de la sentencia se ha realizado por "incomprensión comunicativa en la redacción del texto", debido a la "incorrecta delimitación de las cuestiones de hecho y las de derecho". En concreto, el alto tribunal pide a la Audiencia que "establezca en forma clara" cuál es el Reglamento comunitario que entiende aplicable; las cantidades de producción de azúcar autorizadas; los excesos de producción según cada fábrica y las cantidades exportadas, y así hasta una decena de cuestiones, que incluyen la relación de documentos que se estiman falsificados.
La sentencia de la Audiencia condenó, entre otros, a los directivos de Azucarera Ebro Guillermo d'Auberade, Rafael Vargas, Fernando Pérez, Jaime Sagristá José Rafael Barrena, Aniceto Martín y Nicolás Bautista, tras un extenso juicio que se prolongó desde el 25 de octubre hasta el 21 de diciembre de 2004. La sentencia, que ahora deberá volver a ser redactada, fue la primera registrada en España por delito de fraude a la Hacienda de la Unión Europea.
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