Ortiz cambia de criterio y pujará por el estadio Rico Pérez tras hablar con Alperi

El alcalde evita fotografiarse con el promotor, que rechaza que la operación sea un pelotazo

Alicante - 16 ene 2007 - 00:00CET

Cambió de opinión tras reunirse con el alcalde de Alicante. El promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, se reunió ayer con Luis Díaz Alperi para supervisar las condiciones de la subasta del estadio Rico Pérez, que saldrá a la venta por valor 7,8 millones de euros. Los dirigentes del equipo de fútbol, que la semana pasada descartaron acudir a la subasta por el elevado precio de las obras de reforma y dudas respecto a algunas cláusulas del contrato, ayer anunciaron que intentarán comprar el estadio. Ortiz rechazó que la operación encubra "un pelotazo".

No hubo una imagen de la reunión. El alcalde, que no dudó en disfrutar como invitado del barco del empresario, evitó por todos sus medios fotografiarse con el promotor Enrique Ortiz.Tras esta cita, de nuevo, vía libre para que el Hércules recupere la propiedad del estadio Rico Pérez que perdió en 1994 por 900 millones de las antiguas pesetas. La semana pasada el Ayuntamiento, propietario del campo de fútbol, abrió el proceso de subasta pública.

En ese momento, Enrique Ortiz, máximo accionista, mostró reparos a dos condiciones del pliego de condiciones: por un lado, consideraba demasiado elevado los 6,2 millones de euros con los que los técnicos municipales habían cuantificado las reformas necesarias para su uso, y tampoco aceptaba el uso compartido del campo con otros equipos locales.

Ayer, tras reunirse Enrique Ortiz y Valentín Botella, presidente del Hércules, durante más de dos horas con el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, todas las dudas quedaron disipadas. Ortiz está dispuesto a hacer un "sacrificio" para recuperar ese patrimonio. A su juicio, es "justo" el precio a la venta que han estipulado los técnicos municipales para que "nadie diga nada" sobre un posible trato de favor hacia el club. "Queremos que se entienda que no es un pelotazo sino que estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para que todos los herculanos tengamos nuestro estadio", declaró a la puerta del Ayuntamiento Ortiz tras la reunión en la que se aclararon algunos "temores". El dirigente del Hércules y promotor urbanístico dijo "estábamos comprando una cosa en la que quedaba en el aire su uso", admitió, "y para nosotros es primordial que, si somos propietarios, entre en nuestra casa quien nosotros queramos", pero ayer quedó claro que el Alicante, el otro equipo de fútbol local, usará estas instalaciones durante año y medio hasta que tenga su campo arreglado, por lo que se firmará un convenio "con fecha de caducidad".

El segundo escollo eran las obras de reforma del estadio, valoradas en 6 millones, pero que al final se ha rebajado a 4,4 millones, mediante aval, y en tres años. Ortiz admitió tener "muchas ideas" sobre los nuevos usos del campo.

La factura del 'no a Rabassa'

"A los que pongan piedras en el camino, los 9.000 alicantinos que esperan una vivienda social en Rabassa, les pasarán factura", advirtió ayer el promotor, Enrique Ortiz, que rompió su silencio tras el dictamen de la Síndic de Greuges, en funciones, Emilia Caballero, que pide la suspensión de la tramitación del Plan Rabassa y su inclusión en la revisión del PGOU. Ortiz confía en que la Generalitat y el Ayuntamiento "agilicen los trámites para acabar con esto cuanto antes", dijo el promotor, que hizo una especial defensa de los "beneficios" que para la ciudad de Alicante supondrá construir 9.000 viviendas de protección oficial. Ortiz, a preguntas de los periodistas, se limitó a pedir más celeridad en su tramitación y amenazó con posibles consecuencias políticas para aquellos colectivos o personas que se oponen a la construcción de esta cantidad de viviendas sociales.

Por otro lado, la Asociación de Vecinos del Barrio de Rabassa presentó ayer una alegación al Ayuntamiento instando al alcalde Alperi a que mantenga el primitivo proyecto urbanizador del PERI (Plan de Reforma Interior) que en sus dos fases preveía un total de 785 viviendas sociales. El colectivo vecinal mantiene que la modificación del proyecto al margen del Pleno supondrá una rebaja de unas 100 casas de las previstas.

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