La Comunidad obliga a sus funcionarios superiores a formarse con lecturas literarias

Leer a Fernando Sánchez Dragó, Gustavo Bueno, Fernando García de Cortázar o Ángeles Caso, entre otros, es obligatorio para ejercer como funcionario de la Administración General de la Comunidad. Esta prueba, que incluía una entrevista al autor del libro que tocara, ha sido organizada por el Instituto Madrileño de Administración Pública en el tradicional curso selectivo posterior a las oposiciones al cuerpo de técnicos superiores. De no hacerlo, los licenciados que han ganado su oposición podrían haber perdido su nombramiento como funcionarios.

¿Se trata de fomentar la lectura entre los funcionarios? ¿Necesitan los licenciados, una vez ganada una difícil oposición estudiada durante años, que les selecciones sus obras literarias? La Comunidad de Madrid decidió el año pasado que los que aprobaran las oposiciones para el cuerpo de técnicos superiores de Administración General, las más duras entre los técnicos, debían pasar una prueba que consistía en "la lectura y estudio en profundidad de una obra literaria". Y seleccionaron a ocho escritores que ofrecieron conferencias abiertas al público a las que asistieron los ya funcionarios. Debían, además entrevistar al autor de la obra que hubieran leído "en presencia del resto de los alumnos del curso".

Los autores seleccionados fueron: el escritor y futuro presentador del informativo nocturno de Telemadrid, Fernando Sánchez Dragó; los filósofos Gustavo Bueno, Fernando Savater y Daniel Innerarity, el académico Gregorio Salvador, la escritora y periodista Ángeles Caso, el historiador Fernando García de Cortázar y el economista Ramón Tamames.

Todos ellos recibieron el pago por su trabajo, que, según la consejería de Presidencia, oscila entre 120 y 1.200 euros, según el caché del escrito, pero no especificaron más, "porque eso entra dentro de la intimidad del conferenciante", según fuentes de Presidencia.

Estos funcionarios de la Comunidad de Madrid han pasado tradicionalmente el llamado curso selectivo, una vez ganadas las oposiciones. Organizado por el Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), éste y otros muchos cursos para funcionarios que allí se desarrollan, tienen la función de abundar en los conocimientos y las prácticas necesarias para desempeñar las tareas encomendadas a los funcionarios.

En algunas ocasiones, a estos licenciados que ganaron la oposición incluso se les llevó a Francia para recibir alguna formación en alguna de sus prestigiosas escuelas de administración pública. Sin embargo, en el pasado curso selectivo que se desarrolló entre octubre y noviembre se optó por el programa La comunidad de los libros para complementar la formación de los funcionarios.

"Extraño y paradójico"

¿De qué forma habilita a un funcionario para el desempeño de sus funciones la lectura de éstos u otros autores?, se pregunta la oposición socialista. Y así lo preguntarán también de forma oficial al director general de Función Pública, Miguel Ángel López. "No entiendo esta prueba que consiste en leer un libro para luego debatir con el autor; este curso debe estar orientado a complementar la formación del funcionario en el ejercicio de su trabajo. Es extraño y paradójico, porque, además, doy por hecho que estos licenciados, que han sacado su oposición, ya tienen un nivel cultural", señaló el diputado socialista Juan Antonio Ruiz Castillo.

En la Consejería de Presidencia, cuyo titular es Francisco Granados, que a su vez preside el IMAP, explicaron que esta prueba de lectura y debate con el autor sirve para "fomentar la participación e incentivar el espíritu crítico y analítico que debe tener un funcionario. Escuchan, analizan, debaten y rebaten con argumentos", algo, explicaron, que tendrán que hacer cuando ejerzan. También dijeron que otros cursos más técnicos habían resultado muy aburridos para los funcionarios y que la lectura siempre es "recomendable".

En este caso, más que recomendable era vital, porque en las bases del curso se dejaba bien claro que si los aspirantes no superaban estas prácticas complementarias perderían el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera.