La fractura de Barajas

ETA mató el pasado 30 de diciembre a dos ciudadanos ecuatorianos que se ganaban la vida en España, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate; cegó el camino abierto seis meses antes para el fin del terrorismo a través del diálogo; llevó al ridículo al presidente del Gobierno, quién un día antes del atentado mortal pronosticó que en un año todo iría mejor; y logró dividir todavía más a los dos partidos políticos que se han alternado en el Gobierno durante los últimos 24 años, el PP y el PSOE.

Este último efecto político de la acción criminal no tiene precedentes. Ningún atentado de ETA desde la llegada de la democracia ha logrado unos daños tan demoledores y una desunión tan bochornosa. Nunca unas víctimas mortales sirvieron como argumento para que el primer partido de la oposición plantease un ataque tan directo al Gobierno por su "equivocada política antiterrorista". Estas consecuencias perversas del juego de los asesinos estaban anunciadas desde hacía mucho tiempo, incluso antes del alto el fuego permanente que ETA declaró el 22 de marzo de 2006.

La candidatura de EHAK marca el inicio de los desencuentros entre el PP y el PSOE

La política antiterrorista se ha convertido en un arma electoral prioritaria

Tan solo un año después de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo de 2004, sus dirigentes se engancharon a la política antiterrorista para hacer oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La presentación de la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera) a las elecciones autonómicas de Euskadi, no impugnada por el Gobierno ni por la Fiscalía General del Estado, fue el punto de partida de la carrera que emprendió el PP para cuestionar todas las decisiones de Zapatero en el terreno de la política antiterrorista. Ese nuevo partido, para el que Batasuna pidió el voto, logró el 12,5% de los sufragios y siete escaños en el Parlamento de Vitoria. El PP acusó a Zapatero de haber permitido que ETA estuviera representada en la Cámara vasca. Era sólo la primera invectiva seria en la historia de la ruptura de la unidad de los partidos democráticos contra el terrorismo etarra.

Esa carrera llevó a Mariano Rajoy a lanzar la acusación más dura que un líder de la oposición ha arrojado sobre un presidente del Gobierno en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Ocurrió el 12 de mayo de 2005, cuando el PSOE buscó el apoyo de todos los grupos parlamentarios a una resolución que establecía la posibilidad de buscar a través del diálogo el fin del terrorismo desde el principio de que no se pagaría ningún precio político a ETA para que dejase las armas. Rajoy contestó: "Usted traiciona a los muertos". Y a continuación le anunció la postura de su partido, que se ha consolidado a lo largo de todo este tiempo, en contra de cualquier diálogo con los terroristas: "La estrategia del Gobierno revigoriza a una ETA moribunda y humilla la dignidad de los españoles".

Cuando los etarras dictaron su alto el fuego permanente, el 22 de marzo de 2006, Rajoy se manifestó con cautela, aunque la tibieza le duró sólo cuatro meses. En junio, tomando como bandera un encuentro entre el socialista Patxi López y el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, Rajoy arreció en sus ataques y se consideró traicionado por el Gobierno.

Desde ese momento, y hasta el pasado 30 de diciembre, el tono de las descalificaciones se fue agravando con el aliento de una de las asociaciones de víctimas del terrorismo, la AVT, que dirige Francisco José Alcaraz, y que organizó manifestaciones en la calle para denunciar unas cesiones a ETA que el tiempo se ha encargado de desmentir.

El Gobierno, mientras tanto, decidió jugar la partida del diálogo, pese a que la banda terrorista rompió todas las reglas de juego que Zapatero había impuesto. La ausencia de violencia y la verificación del alto el fuego sólo duraron tres meses. El Ejecutivo socialista se olvidó luego de aquellas condiciones y aceptó conversar con ETA para descubrir que el acuerdo era imposible e interpretar erróneamente que el alto el fuego continuaba. Eso ocurrió sólo 15 días antes de que los terroristas volvieran a sus bombas y mataran a dos personas en Barajas.

Durante los 12 días que han seguido al crimen, la desunión de las dos principales fuerzas políticas se ha hecho mucho más evidente y la esperanza de recuperar la unidad se ha desvanecido casi por completo.

La última semana ha servido para escenificar un desastre: la política antiterrorista se ha convertido en arma electoral prioritaria. Y las convocatorias de manifestaciones en Madrid tras la muerte de los dos ciudadanos ecuatorianos, por primera vez en la historia de la democracia, han desencadenado una colosal polémica llena de insultos mayores.

También por primera vez en democracia, uno de los dos partidos que han gobernado en España, el PP, decidió boicotear la iniciativa de los colectivos ecuatorianos y de los sindicatos UGT y CC OO.

Para boicotear la manifestación, los populares no dudaron en acusar, sin pruebas, a los manifestantes de no querer la derrota de la banda asesina y de impulsar la negociación con los terroristas.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde manda el PP, se activó una asociación fantasma, que ni siquiera estaba inscrita, para fomentar la división entre la colonia de ecuatorianos. Todo para despreciar una manifestación por la paz y contra el terrorismo que estuvo a punto de sucumbir a cuenta de una palabra: libertad.

El Foro Ermua, uno de los principales arietes del colectivo de víctimas, exigió que se incluyera esa palabra en el lema -Por la paz y contra el terrorismo-, y se comprometió a participar en la marcha de Madrid.

CC OO y la Federación de Asociaciones Ecuatorianas aceptaron la sugerencia, pero UGT se enrocó. Algunos pensaron que detrás de esa decisión estaba el Gobierno socialista, que prefería una manifestación sin el PP.

El viernes, UGT rectificó y aceptó incluir esa palabra en el lema. El Foro Ermua, que tanto interés había mostrado en ampliar el lema, consideró que la rectificación llegaba tarde y arremetió contra el sindicato con graves descalificaciones. Más desunión entre demócratas.

En el País Vasco, la manifestación se montó sobre bases peligrosas. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, muy partidario del diálogo, incluso después del atentado, incluyó esa palabra [diálogo] en el lema de la manifestación convocada en Bilbao. Y Batasuna se acercó.

El Gobierno, que había mantenido una estrecha colaboración con el PNV, temió una nueva ruptura que abriese nuevas brechas en la unidad contra ETA. Los socialistas vascos amenazaron con no acudir a la manifestación y el lehendakari rectificó para incluir la exigencia a ETA del fin de la violencia. Batasuna se descolgó entonces y el Gobierno suspiró aliviado. Al menos en Euskadi, su alianza antiterrorista con el PNV se mantiene, aunque sea bajo mínimos.

38 años después de que ETA iniciara su actividad criminal, los demócratas andan confundidos y enfrentados respecto a la estrategia para lograr el fin del terrorismo. Una bomba y dos muertos han sido, por primera vez, el detonante de más desunión.