'Stop' temporal al Código Ético
Suspendido en la Audiencia Nacional el juicio a los ciclistas para derogar sus leyes internas
"Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha", escribió Mateo, cantó Enrique Bunbury y llevó a la práctica Manolo Saiz, quien, mediado 2004, mientras redactaba el Código Ético de los equipos del ProTour simultáneamente, con la otra mano, negociaba con el médico Eufemiano Fuentes. "Mira que le advertimos", cuentan algunos responsables del ciclismo, "Manolo, que no tiene sentido establecer unas reglas estrictas contra el dopaje, que al ciclismo, como a los otros deportes, les tiene que valer lo que diga la AMA y su federación internacional, que no hay que imponer más normas, que algún día se pueden volver en tu contra...". Toda una profecía.
Justamente la profecía se cumplió y en julio pasado, cuando la aplicación estricta del Código Ético -unas normas de funcionamiento fijadas por y para los 20 equipos del ProTour, que impiden, entre otras cosas, que se puedan alinear corredores sospechosos en un asunto de dopaje, y que prohíben la contratación durante dos años suplementarios de todo corredor suspendido que haya cumplido su sanción- impidió la participación de su equipo, el Astana, en el Tour de Francia, Manolo Saiz, debido a sus sulfurosas relaciones con Fuentes, se convirtió en la víctima más eminente de su propia ley. Pero no la única. Decenas de corredores presunta o realmente implicados en la Operación Puerto fueron apartados por sus equipos, algunos despedidos, otros invitados a negociar su marcha. Ninguno pudo volver a correr. El Código Ético se convirtió en la única ley.
Justamente alarmados por estos efectos indeseables de una norma exagerada, los corredores y algunos equipos comenzaron a luchar por su abrogación.
Los ciclistas españoles denunciaron a los equipos ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que ayer debía celebrar la vista. El juicio, sin embargo, se suspendió porque el Tribunal tiene dudas sobre su propia competencia para tratar una norma que no ha sido aceptada de entrada por una de las partes y ha dado un plazo de dos semanas al fiscal y a las partes para que fundamenten la competencia tanto de la Sala de lo Social como de la Audiencia Nacional. Los equipos díscolos, reunidos en asamblea en Bruselas junto a todos los demás, deberán, pues, esperar un poco para contar con más argumentos que convenzan a los puritanos, partidarios del mantenimiento del Código.
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