La firma que vendió la finca al alcalde de Torrevieja exige 41 millones al Consistorio

La familia que vendió una finca rústica al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández, del PP, por 180.000 euros y que éste revendió más tarde por 5,4 millones, reclama seis años después al Ayuntamiento 41 millones por la expropiación de un solar en el casco urbano de la población, calificado como suelo urbano, pero de uso dotacional. La propiedad ha presentado un contencioso ante el Jurado Provincial de Expropiación. Esta parte sostiene que ha transcurrido el plazo de cinco años desde la aprobación del programa urbanístico sin hacer efectiva la expropiación.

El regidor de Torrevieja compró en 2000 una finca rústica en la vecina localidad de Almoradí por 180.000 euros. El vendedor fue las mercantiles Proyectos de Cañada, SL, y Giménez Cañizares, SL. Dos años más tarde, Pedro Ángel Hernández vendió la finca a una firma del grupo inmobiliario Edén por 5,4 millones de euros, extremo que le reportó al primer edil una plusvalía de 5,2 millones de euros.

En el momento de la venta, y en la actualidad, los vendedores poseían dos parcelas que sumaban 15.000 metros cuadrados en el centro de Torrevieja, calificadas en el plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano, aunque incluidas en una zona más amplia que el Ayuntamiento ha destinado a uso dotacional (jardines). Los propietarios de esas parcelas sostienen que el Ayuntamiento ha "ocupado" ilegalmente el suelo sin mediar un expediente de expropiación y tampoco ha desbloqueado el Programa de Actuación Urbanística previsto.

Ante esta situación, la propiedad del suelo ha presentado un contencioso ante el Jurado de Provincial de Expropiación. Los dueños de las parcelas han valorado el suelo en 41 millones de euros. El Jurado Provincial dará por valida la tasación, si en el plazo de 15 días el Ayuntamiento no presenta un recurso.

Los propietarios de las parcelas basan su demanda en que ya han transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del Programa de Actuación Urbanística sin llevar a efecto la expropiación de los terrenos, "que, con arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria".

Los dueños del suelo denuncian la situación de bloqueo de los dos solares, al no poder disponer de ellos dados su uso dotacional público al que se encuentran afectos y al no habérseles permitido edificar. "Han transcurrido casi 20 desde la entrada en vigor del PGOU de Torrevieja y la Corporación no ha sido capaz de gestionar la adquisición de los precitados solares", argumentan los dueños del suelo.

La operación inmobiliaria del alcalde es objeto de una investigación judicial tras una denuncia del grupo municipal de EU ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Hernández Mateo ya ha comparecido ante el juez como imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.