Las iniciativas del Consell para defender en Europa el urbanismo son inexistentes

Las iniciativas del Consell para "defender" el urbanismo valenciano frente a la Comisión Europea y de los supuestos atropellos del Gobierno socialista no han traspasado de momento la frontera autonómica. El presidente del Consell, Francisco Camps, anunció en diciembre de 2005 que acudiría al Parlamento Europeo para impedir que se "mancille" la imagen de la Comunidad Valenciana. La comparecencia no se ha producido y el Consell tampoco ha pedido amparo al Defensor del Pueblo Europeo, como advirtió en octubre pasado tras la última censura de la Comisión al urbanismo.

En la oficina del 'ombudsman' europeo no hay constancia de la petición de amparo

Fue el propio consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien anunció en octubre pasado que presentaría una queja formal al ombudsman europeo contra el Gobierno por haber eliminado de sus alegaciones al expediente contra el urbanismo valenciano las referencias al agente urbanizador en otras legislaciones autonómicas. "Nos sentimos indefensos", denunció entonces el consejero, que advirtió también que pediría reunirse con los comisarios europeos para mostrarles "íntegramente" las alegaciones. Con este mismo propósito, González Pons anunció el martes que exigirá un contacto directo al margen del Gobierno con el comisario de Mercado Interior, Charles McCreevy. La situación es similar: el primer anuncio se produjo tras el último aviso de la Comisión Europea para que la Generalitat cambie la normativa urbanística y cumpla las directivas comunitarias, y ahora la entrevista se pide para mostrar las nuevas alegaciones -también modificadas por el Gobierno- ante la cercana decisión de Bruselas sobre una posible demanda ante los tribunales contra el urbanismo valenciano.

Pero hasta ahora, al margen de posibles contactos informales o fuera de agenda, el Consell no ha acudido a Bruselas. En la oficina de Nikiforos Diamandouros seguían ayer sin tener constancia de una petición de amparo del Consell. Así se lo comunicó ya el ombudsman a Abusos Urbanísticos No (AUN) el pasado 11 de diciembre, en contestación a una carta en la que la asociación le aportaba información sobre la polémica urbanística y daba por hecho que la Generalitat habría enviado la reclamación que anunció públicamente. "Quisiera informarle de que a día de hoy [11 de diciembre de 2006] no he recibido ninguna queja del gobierno regional de Valencia", afirmaba el Defensor europeo ante el requerimiento de AUN. Diamandouros aprovechó para aclarar, como había advertido la propia asociación, que no es competente para tratar una denuncia de un gobierno regional contra uno nacional, ya que su función se centra en la fiscalización de las actividades de las instituciones comunitarias. Territorio no respondió ayer a la pregunta de este diario sobre la iniciativa prevista en octubre de 2006 ante el Defensor del Pueblo Europeo.

El Consell también aseguró que acudiría a Bruselas en respuesta al varapalo del Parlamento Europeo a su política y la petición de una moratoria, que apoyaron los eurodiputados en diciembre de 2005 al votar el llamado Informe Fourtou sobre la vorágine urbanística y los abusos denunciados por miles de afectados. El propio presidente, Francisco Camps, proclamó su voluntad de acudir a la Eurocámara para explicar el modelo urbanístico valenciano e impedir que nadie "mancille" la imagen de la Comunidad Valenciana.

Camps aún no ha hablado ante los diputados. En cambio, el Comité de Peticiones, al que no dejan de llegar quejas sobre el urbanismo valenciano, sigue adelante con la idea de realizar una nueva visita a la Comunidad Valenciana para conocer la situación actual sobre el terreno. De confirmarse los preparativos, la delegación no tardaría en viajar a España para no interferir en el proceso electoral de mayo.