El Ararteko lleva a los tribunales el caso de los chalés de Ibaiondo

El caso de los chalés de Ibaiondo, en Vitoria, llegará a los tribunales, después de que el Ararteko haya resuelto que el equipo de gobierno del PP ha actuado de manera inadecuada al permitir un subida de 54.000 euros en cada una de las 24 viviendas de una urbanización con el precio tasado. El abogado de los propietarios afectados, Javier Martínez de San Vicente, anunció ayer que acudirán a la vía judicial.

La resolución del Ararteko, sobre los chalés de Ibaiondo se hace pública dos días antes de que se ponga en marcha la comisión de investigación que va a analizar presuntas irregularidades urbanísticas que se han denunciado en Vitoria. Mañana, jueves, los concejales que participen en la comisión contarán, como argumento relevante, la solicitud del defensor del pueblo para que el Ayuntamiento de la capital alavesa declare nula la nota informativa por la que se permitió que se subiera el precio tasado de 250.000 a 304.000 euros a cada una de las viviendas de la citada urbanización. Esta "nota informativa", procedente del Departamento de Urbanismo, corregía una decisión del pleno del Ayuntamiento, el único órgano capaz de enmendarse a sí mismo, según el Ararteko.

Además, el Ararteko denuncia las dificultades que ha sufrido para conseguir la documentación necesaria para dictar su resolución, por parte del Departamento de Urbanismo. Por último, recomienda que, en el caso de que la empresa promotora no efectúe la devolución de esos 54.000 euros por chalé, indemnice a los adjudicatarios de las viviendas bioclimáticas de las lesiones sufridas en sus bienes y derechos como consecuencia de una actuación municipal inadecuada.

De momento, los propietarios de los chalés acudirán a los tribunales. "Firmaron las escrituras bajo coacción de los responsables de Urbanismo", señaló ayer su abogado Javier Martínez de San Vicente. "Les indicaron que si no asumían las nuevas condiciones, se quedarían sin la vivienda, ya que pasaría al siguiente en la lista que estuviera dispuesto a pagar la nueva cantidad", añadió. De momento, van a acudir a la vía administrativa, "aunque no descartamos que tengamos que ir al contencioso-administrativo", adelantó el abogado.

Esta urbanización, levantada en terrenos municipales, salió a concurso con las características de construcción bioclimática y precio tasado. Sólo una empresa estuvo dispuesta las condiciones, Construcciones Opacua. "Ahora, el resto de los licitadores han visto cómo el suelo cuesta 1,3 millones de euros menos, con lo que se han infringido las más elementales normas administrativas", explica Martínez de San Vicente. "El asunto va más allá de una simple irregularidad, de una polémica política".

Por su parte, el teniente de alcalde de Vitoria, Javier Maroto, emplazó a los dueños de estos chalés y a quien tenga dudas sobre la regularidad del proceso a acudir a los tribunales y reiteró que "no se ha cobrado un precio de manera injusta" a los adjudicatarios. Maroto afirmó que "respeta" el informe del Ararteko pero dijo que "no lo comparte en su integridad" y que, por tanto, no asumirá las recomendaciones porque "no entiende que se haya cobrado un precio de manera injusta".

La comisión, que se conformará mañana, contará con un ingrediente más, según adelantaron ayer los distintos portavoces de la oposición. "Vamos a solicitar a los servicios jurídicos municipales un informe sobre este asunto", adelantó Mikel Martínez, del PNV. "Estamos ante graves irregularidades que confirman que la comisión no tienen fines políticos partidistas ni intenciones electoralistas", apuntó el socialista Patxi Lazcoz. Por su parte, Javier Maroto despreció la comisión investigadora: "No tiene ningún alcance administrativo, ni capacidad penal, porque para eso están los tribunales". Por tanto, dejó claro que sólo bajo la resolución de un juez, el Ayuntamiento o la empresa se verán obligados a realizar esa indemnización.

Por otro lado, Maroto avanzó que cada concejal del PP que sea llamado a declarar a la comisión de investigación decidirá a título personal si acude o no, aunque opinó que sí lo harán. Por su parte, el director de Urbanismo, Antonio Sáenz de Santa María, presentó hoy un recurso de reposición contra el acuerdo de creación de la comisión de investigación por considerar que el nombre de la misma da por supuesto la existencia de irregularidades urbanísticas.