Rumanos y búlgaros colapsan la comisaría para residir en Castellón

Más de 300 personas acudieron ayer a la comisaría de Castellón con el objeto de solicitar la tarjeta de régimen comunitario, días después de que Rumanía y Bulgaria hayan pasado a ser países de la Unión Europea. La gran afluencia colapsó las dependencias pese a que los propios funcionarios de policía salieron a informarles de que la tarjeta no les concede mayores derechos que los que les otorga su pasaporte y que tanto rumanos como búlgaros pueden entrar, salir y permanecer en España con su carta nacional de identidad o el pasaporte, sin necesidad de un visado. Pese a las advertencias de la policía, la mayoría de ellos optó por permanecer en la cola. Así, horas después, acudieron también a comisaría representantes de las asociaciones de rumanos de la provincia para explicar a sus conciudadanos la situación en la que se encuentran desde su entrada en la UE, la innecesaria obtención de la tarjeta de residencia y que para residir, estudiar o trabajar por cuenta propia la tarjeta no es necesaria.

Además, la Subdelegación del Gobierno de Castellón emitió un comunicado en el que señala que sólo los ciudadanos rumanos o búlgaros a los que caduque el permiso de trabajo, o que tengan intención de cambiar de sector productivo, tienen necesidad de renovarlos. En el escrito, la Subdelegación hizo referencia a la avalancha de solicitudes de ciudadanos rumanos y búlgaros que residen en Castellón y que acuden a realizar "trámites innecesarios ante las oficinas", lo que obstaculiza a quienes en realidad tienen la necesidad de renovar sus permisos. Así, insiste en que son aquellos ciudadanos rumanos o búlgaros a los que les caducan o que tienen intención de cambiar de sector productivo los que deben renovar los permisos.

El comunicado sostiene que aquellos ciudadanos rumanos y búlgaros que ya estén incorporados al mundo laboral en España deben renovar sus permisos y solicitar la tarjeta de comunitario, "al ritmo de las fechas de caducidad de sus actuales autorizaciones", y quienes pretendan trabajar por primera vez sólo pueden hacerlo mediante los "procedimientos que exige la moratoria aplicada por el Gobierno español, en sus países de origen y en función de la demanda del mercado laboral español".