Gecen lleva al juzgado el riesgo catastrófico de un polígono de Castellón

El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) y la plataforma ciudadana No a la Contaminación han presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Castellón contra el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Territorio por la comisión de los presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, sobre la ordenación del territorio, riesgo catastrófico y de prevaricación en el polígono industrial de El Serrallo.

La querella va contra el Gobierno, el Consell y los ayuntamientos de Castellón y Almassora

La denuncia penal, que se extiende a los ayuntamientos de Castellón y Almassora, se ha presentado después de que ambos colectivos solicitaran, por la vía administrativa, la paralización cautelar de las ampliaciones que se están realizando en El Serrallo. Dado que la petición no ha sido atendida, han optado por recurrir a la vía penal con una denuncia en la que solicitan al juzgado que, como medida cautelar, se decrete la paralización de las obras que se estén realizando en dichas ampliaciones, así como la paralización de las actividades comprendidas dentro de los limites de seguridad de 2.000 metros respecto de las viviendas de los núcleos urbanos de El Grau de Castellón y de la playa de Almassora.

En el escrito, Gecen y la plataforma señalan la existencia de dos hechos concretos. Por una parte, la legalización de actividades en el polígono industrial de El Serrallo como la construcción de una planta de generación eléctrica de ciclo combinado de la empresa Iberdrola, la instalación de una actividad de planta de ciclohexano y hexanodiol de la empresa UBE y la instalación de un depósito de combustible de crudo perteneciente a BP Oil. Y por otra, la construcción de viviendas en la playa de Almassora. Así, la denuncia expone cómo en el polígono industrial de El Serrallo "están funcionando las tres industrias peligrosas sin respetar la distancia reglamentaria de seguridad de 2.000 metros que señala el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas".

A este respecto, sostiene que las tres actividades han sido autorizadas por el Ayuntamiento de Castellón y por la Consejería de Territorio "a pesar del incumplimiento manifiesto de las distancias de seguridad y sin que se haya adoptado medida alguna para paliar los riesgos inherentes de la propia actividad peligrosa".

Según la denuncia, el Ayuntamiento de Castellón concedió en agosto la licencia de obras a Iberdrola para la construcción de una planta de generación eléctrica de ciclo combinado y, un mes después, autorización a la empresa UBE para la instalación de una actividad de planta de ciclohexano y hexanodiol, así como otra autorización a BP Oil para la instalación de un depósito de combustible de crudo. Sin embargo, según ambos colectivos, todas estas actividades "se sitúan a una distancia inferior de 1.500 metros respecto a los vecinos de Castellón, de El Grau y de la playa de Almassora", por lo que incumplen el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Además, consideran que "ni en las licencias municipales ni en los expedientes autonómicos para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada, necesarios para legalizar las actividades, se tuvo en cuenta la limitación de distancia, pese a que es de sobra conocido".

Así, se refiere tanto a las administraciones municipales como a la autonómica, a las que acusa de haber "ignorado de forma consciente y voluntaria las mediciones sobre las distancias de seguridad con resultado de que se está poniendo en riesgo la salud y la integridad física de los vecinos colindantes al polígono".

La denuncia hace referencia también a que, en los últimos tres años, el Ayuntamiento de Almassora "ha autorizado alrededor de 800 viviendas, más o menos consolidadas y habitadas, sin respetar la distancia de seguridad reglamentaria y la limitación urbanística que supone esta condición legal" y sostiene que, algunas de ellas, "se encuentran a menos de 200 metros de los depósitos de combustibles inflamables de BP Oil, en concreto de uno de los autorizados por las licencias".

El Consejero de Territorio, Esteban González Pons, dijo ayer desconocer el contenido de la denuncia e indicó que, de momento, las empresas están realizando la ecoauditoría que ha de evaluar la situación de sus propias industrias.