Cartografía del fraude

La tecnología ha venido en ayuda de la persecución del fraude inmobiliario. La Dirección General del Catastro, a través del Instituto Geográfico, está fotografiando toda la superficie nacional para detectar todos aquellos proyectos urbanísticos que se hayan construido fuera de la legalidad. Dicho de otro modo, Hacienda dispondrá a mediados del año próximo de una cartografía completa del urbanismo salvaje español y podrá actuar en consecuencia. Aunque la técnica de la ortofotografía no es nueva, sí que resulta una novedad aplicarla al conocimiento y erradicación del fraude inmobiliario.

Esta cartografía inmobiliaria de España tiene curiosas implicaciones. Permitirá, de un solo vistazo, comprobar cuánto se ha asfaltado o cementado del suelo peninsular, de forma que cabe la comparación con fechas anteriores a la hinchazón de la gran burbuja inmobiliaria. Sin ánimo de adelantar acontecimientos, probablemente permitirá comprobar la extrema debilidad de las leyes o normas autonómicas y municipales para frenar la apetencia de plusvalías y comisiones que se generan construyendo sin tasa ni medida allá donde todavía sobreviven un olivar, algún sembrado, cualquier terreno rústico o un bosque, aunque sea protegido. De paso, Hacienda podrá confirmar si las informaciones de los Ayuntamientos son fiables o están sesgadas por la necesidad de obtener ingresos.

Si el Gobierno tuviera competencias y disposición, la megafoto aérea sería un instrumento inapreciable para planificar el desarrollo urbanístico del país. Hoy, el cemento se extiende como un crecimiento canceroso huérfano de cualquier criterio de oportunidad, ordenación del suelo o demanda real. ¿Una utopía?