El 'síndic' recomienda a Vic cancelar los cursos para obtener ayudas sociales

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha elaborado un dictamen jurídico en el que recomienda al Ayuntamiento de Vic que suprima los cursos sobre civismo como requisito para acceder a las ayudas sociales municipales, porque considera que son discriminatorios con los inmigrantes. El consistorio se ha mostrado sorprendido y, aunque promete estudiar las recomendaciones de Ribó, las ha calificado de "discutibles y matizables".

Los polémicos cursos forman parte de la ordenanza de civismo aprobada en enero pasado por el consistorio y obliga a los solicitantes de asistencia municipal, ya se administrativa o económica, a cursar un mínimo de 10 horas de clase sobre derechos y deberes de los ciudadanos, civismo y conocimientos de la estructura legal, económica, social y cultural de Cataluña y Vic.

En octubre de 2005, las quejas a los cursos por discriminatorios de SOS Racismo y Veus Diverses llevaron al Síndic a abrir un expediente que ahora ha cerrado con un dictamen no vinculante que recomienda su desaparición o bien un nuevo planteamiento.

En su dictamen el síndic considera que los cursos son discriminatorios con los inmigrantes. La respuesta del Ayuntamiento a esta acusación siempre ha sido asegurar que las clases tenían un carácter universal, ya que todos los solicitantes, fuera cual fuera su nacionalidad, estarían obligados a cursarlos. Pero esta respuesta no convence a Ribó, quien recurre a la exposición de motivos de la misma ordenanza para resaltar que la verdadera motivación parte del hecho migratorio y responde a la evolución del perfil de las personas beneficiarias de las ayudas, quienes, según se lee en el texto municipal, "presentan problemas de comunicación y adaptación, tanto en las leyes como en las costumbres del país de acogida".

Ribó concluye su dictamen recomendando la supresión de los cursos y la necesidad de impulsar programas específicos para mejorar la convivencia y promocionar los valores cívicos totalmente desvinculados de las prestaciones municipales y de planteamientos restrictivos o penalizadores. Si el consistorio no atiende sus consejos, el síndic cree que como mínimo tendría que delimitar en qué casos serán exigibles los cursos para mejorar su correcta aplicación.

El dictamen se discutió en el pleno municipal celebrado ayer en Vic a petición de distintos grupos municipales. El edil de Hacienda, Enric Castellnou, resaltó que la ordenanza había pasado todos los trámites necesarios, incluso la revisión de la Generalitat y que, por tanto, legalmente todo es correcto. Sorprendido por la publicación del informe del síndic 11 meses después de la entrada en vigor de la normativa, y pese a discrepar con sus argumentos, el edil aseguró que se estudiaría su contenido. Asimismo, el alcalde, Jacint Codina, solicitará entrevistarse con Ribó para explicarle la verdadera "alma integradora" del proyecto y desencallar el conflicto institucional. De todas formas, el Ayuntamiento cree que este encuentro tendría que haber sido solicitado por Ribó antes de dar por concluido y hacer público su informe.

Los cursos ya están en marcha con una preinscripción de unas 200 personas, la gran mayoría de ellas de origen inmigrante. Diseñados por el Centro de Normalización Lingüística y bajo la dirección de Bienestar Social, 20 personas ya lo han terminado y 20 más están realizándolo. Los solicitantes de ayudas sociales tienen tres meses para asistir al curso o, en caso contrario, se les suspenderá la prestación y tendrán que devolver el importe recibido. Están previstos cuatro cursos anuales.