Muñoz y cuatro ex ediles declaran por otra licencia a un hotel precintado

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, regresó ayer a los juzgados de la ciudad desde la prisión de Jaén para declarar junto a cuatro ex concejales por unas supuestas irregularidades en la construcción del Hotel Senator, promovido por la cadena Hoteles Playa. Muñoz, en prisión desde el pasado mes de julio por el caso Malay condenado a un año por el caso Proinsa, compareció en el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Marbella tras una denuncia presentada por Ecologistas en Acción en 2002, y abandonó los juzgados en un furgón policial tras declarar durante veinte minutos.

El ex concejal Rafael González, que cumple asimismo condena por el caso Proinsa relativo a la concesión de una licencia de obras para 150 viviendas construidas en zona verde, compareció ante la juez junto a los ex ediles Marisa Alcalá, Francisco Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa, que formaban parte de la comisión de Gobierno que autorizó la construcción del polémico hotel y las 99 casas aledañas.

El Ayuntamiento concedió en 2002 una licencia de obra para la edificación de un hotel de cuatro estrellas y 99 viviendas y locales comerciales, a pesar de que la parcela estaba calificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente como equipamiento social y cultural. Debido a esta infracción de la legalidad urbanística vigente, la comisión gestora ordenó el pasado 2 de mayo el precinto del edificio y la promoción de viviendas anexa, al tratarse de una obra sobre la que pesaba una suspensión cautelar que no se había cumplido. La gestora inauguró con esta clausura de la obra una marea de precintos de obras ilegales que ha afectado ya a más de 700 viviendas repartidas por toda la ciudad.

Impuganada desde 2002

La Junta impugnó la licencia tras su concesión en 2002, y la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga ordenó la suspensión cautelar de la obra, aunque el Ayuntamiento no la acató en ese momento y cuando lo hizo el edificio estaba prácticamente terminado con sus 186 habitaciones a la espera de ser estrenadas.

Ecologistas en Acción denunció a finales de 2003 que el Ayuntamiento marbellí había desobedecido el requerimiento de la Consejería de Obras Públicas de la Junta que ordenaba la paralización de las obras del hotel.

Según los ecologistas, el informe de los técnicos municipales de Urbanismo evidenciaba que el proyecto no se ajustaba al Plan General vigente y que tenía irregularidades urbanísticas en cuanto a las alturas, densidad y ocupación.

El terreno donde se construía el establecimiento fue cedido por los promotores y propietarios de la urbanización Alhambra del Mar al Ayuntamiento para zona pública y cultural, que en 1998 lo vendió a la empresa Proinsa por 2,6 millones de euros, que a su vez la vendió a Hoteles Playa en 2000 por 15 millones de euros.