El fiscal pide que una juez indague un presunto delito ecológico en el Ciemat

El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, ha pedido a un juzgado de Madrid que investigue si existe delito ecológico en los hechos denunciados por tres trabajadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), la antigua Junta de Energía Nuclear, sita en Ciudad Universitaria. Las primeras investigaciones del fiscal apuntan a que en la sede del Ciemat hay restos de cesio y de estroncio que no fueron eliminados tras una fuga radiactiva registrada en 1970.

Según fuentes judiciales, los tres empleados del Ciemat han presentado toda la documentación al fiscal de Medio Ambiente, que ha tramitado una querella por supuesto incumplimiento de los artículos 325 y 328 del Código Penal. Éstos recogen que todas las personas, en especial las administraciones públicas, deben velar contra las contaminaciones de la tierra.

Según consta en diligencias, existe una superficie de unos 10 metros cuadrados, situada entre los edificios 13 y 53 de la sede del Ciemat en la Ciudad Universitaria de Madrid, que presenta contaminación radiactiva como consecuencia de un escape de líquidos radiactivos ocurrido en 1970. Lo provocó la rotura de una tubería con productos contaminantes entre dos depósitos.

Los resultados muestran que existe una contaminación importante: aparece a 1,5 metros de profundidad una capa de terreno con actividades específicas de Cesio-137 y Estroncio-90. "La concentración disminuye en profundidad muy rápidamente para el cesio y menos para el estroncio. De la distribución de estas concentraciones se puede deducir que los nucleidos situados a 150 centímetros de profundidad han migrado con las aguas de filtración en dirección oeste hacia el sur del edficio 53, contaminando el terreno en esa dirección", señala el informe remitido por Emilio Valerio.

El fiscal de Medio Ambiente reitera en su denuncia que los responsables del Ciemat no han abordado la retirada de aquellas tierras contaminadas con materiales radiactivos. En su opinión, era obligatoria la descontaminación total de la citada porción de terreno, según el ordenamiento jurídico vigente.

El caso se encuentra ahora en el trámite de diligencias previas (la fase inicial de un proceso) en el juzgado de instrucción y primera instancia número 8 de Madrid, en Plaza de Castilla. El escrito de denuncia fue presentado el 19 de abril de 2006, según fuentes del Ciemat. En este tiempo, la magistrada titular ha ido llamando a las partes implicadas en el proceso y está aún pendiente de resolver si admite el caso a trámite o, por el contrario, lo archiva.

El director General del Ciemat, Juan Antonio Rubio, tuvo que declarar el pasado 10 de octubre. También presentó toda la documentación que le fue requerida por el juzgado. Días después, les tocó el turno a los tres trabajadores denunciantes y a los sindicatos con representación en este centro. La juez también ha pedido información adicional al Consejo de Seguridad Nuclear.

Proyecto de limpieza

El responsable del proyecto de limpieza y descontaminación del Ciemat, José Luis Díaz, explicó a EL PAÍS que los terrenos de la Ciudad Universitaría sí están contaminados por el escape de 1970, pero que ya existe un plan de la Administración central para eliminar estas tierras. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 36 millones de euros que se destinarán a la limpieza de cuatro instalaciones. Las obras comenzarán en la primavera del año próximo y supondrán intervenir en varios cientos de metros cuadrados.

José Luis Díaz destacó que el proceso ahora mismo está sub iudice (pendiente de resolución), por lo que no quiso dar más detalles del mismo.