El Valedor amonesta a Juncal por expropiar para una urbanización

Los vecinos del barrio ferrolano de Canido, cuyas casas fueron expropiadas por el Ayuntamiento para levantar una urbanización de 260 viviendas y un hotel, han logrado un importante respaldo tras seis años de batalla para no quedarse en la calle. El Valedor do Pobo ha amonestado al gobierno de Juan Juncal por este proceso, en el que ve irregularidades e incluso ilegalidades, y lo emplaza a realojar a los afectados y a compensarles con un precio justo.

La institución encargada de velar por los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas apremia incluso al Ayuntamiento a cumplir sin más dilaciones con su obligación legal de realojar a los expropiados "en una vivienda nueva, preferentemente" en el barrio que se pretende urbanizar. El Valedor emplaza a las autoridades municipales, que ya intentaron por dos veces desalojar la zona, a no ocupar ninguna vivienda mientras no cumpla una larga lista de recomendaciones que incluye proveer de una nueva casa a los afectados y revisar el escaso valor que fijó por sus propiedades.

La pesadilla de los vecinos de 18 casas de Canido, la mayor parte jubilados con escasos ingresos, comenzó en 2000, cuando la promotora madrileña Albantur eligió ese barrio de Ferrol para construir una urbanización de 260 viviendas y un hotel. No prosperó su intento de hacerse con la totalidad de las casas, por las que ofrecía 18.000 euros. Fue finalmente el Ayuntamiento, gobernado por PP e Independientes por Ferrol, el que expropió en 2004 el conjunto de los 18 inmuebles por un valor de 224.932 euros (unos 13.000 euros de media por cada uno). Los criterios del gobierno municipal para fijar ese precio -se limitó a utilizar el valor catastral-no son legales, según el Valedor do Pobo, ya que "no se corresponde con los criterios de compensación previstos en la Constitución y el resto del ordenamiento para el ejercicio de la potestad expropiatoria".

La institución, que insta al Ayuntamiento a remitir sin más dilación los expedientes al jurado provincial de expropiación -encargado de fijar justiprecios cuando hay desacuerdo entre la administración y expropiado- también advierte del incumplimiento del derecho legal de los afectados a ser realojados. El Valedor pide incluso al gobierno municipal que actúe "con urgencia" para proveer a los interesados de una nueva vivienda y que pague tanto los gastos de su alojamiento provisional como los que ocasione el traslado forzoso de sus casas.

La actitud de las autoridades municipales de Ferrol en este largo proceso que los vecinos viven como un calvario también es fuertemente criticada por la institución que vela por los derechos de los ciudadanos. "Parece que el Ayuntamiento entiende que la cuestión no tiene que ver con el mismo, cuando en realidad es la administración expropiante y, por lo tanto, le corresponde decidir y ejecutar las obligaciones" que le impone la ley para expropiar estas casas, censura el Valedor. Cita, a modo de ejemplo, "la sorprendente y llamativa" oferta de realojo que hizo en su día a los afectados la junta de compensación de la promotora madrileña y que fue avalada por el letrado del Ayuntamiento: consistió en dar los vecinos una lista de viviendas en alquiler de una inmobiliaria de la ciudad.

La resolución del Valedor do Pobo no es de obligado cumplimiento, aunque el gobierno local deberá contestar por escrito sus razones para aceptarla o no. Ayer rehusó responder a la llamada de este diario. Pero los vecinos de Canido que aún viven en sus casas y se enfrentaron a las autoridades municipales acogieron con alivio y esperanza este escrito del Valedor. El caso está también en los juzgados pero muchos, de avanzada edad, temen que el fallo judicial llegue tarde.