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Fiscalización de las cuentas autonómicas

La sociedad de grandes proyectos sigue la vía de RTVV y se sitúa en quiebra técnica

La Sindicatura de Comptes exige medidas excepcionales para detener el deterioro de Canal 9

Los buques insignia que el Consell utiliza para transmitir su imagen al mundo están en situación de quiebra técnica y requieren de más dinero público y medidas excepcionales de gestión. La auditoría de la Sindicatura de Comptes señala que el año pasado la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valencina (SPTCV) -que agrupa la inversión en Terra Mítica, la Ciudad de la Luz, el aeropuerto de Castellón y Mundo Ilusión- se hallaba en situación de quiebra técnica. Igual que Ràdio Televisió Valenciana, empresa que exige medidas excepcionales para paliar el déficit, según la Sindicatura.

El coste de los edificios de la Ciudad de las Artes supera los 1.000 millones de euros

Las cuentas de la Generalitat van a lomos de dos grandes bloques contables: la cuenta general de la Administración y los números de las empresas públicas. El recurso al derecho privado mercantil tiene como objetivo dotar de mayor agilidad a la Administración en determinadas tareas y funciones y facilitar una mejor gestión. Sin embargo, a tenor de la auditoría de la Sindicatura de Comptes no parece que los resultados sean muy satisfactorios.

El órgano auditor de la Generalitat aconseja al Consell, como en ejercicios anteriores, que elabore un plan de viabilidad a medio y corto plazo que recoja un conjunto de medidas excepcionales destinado "a paralizar el proceso de deterioro de RTVV, que cerró el año pasado con números rojos por valor de 624 millones de euros. Las pérdidas acumuladas por Canal 9 y Ràdio 9 y la insuficiencia de las aportaciones de dinero por parte de la Generalitat situó a estas empresas en uno de los supuestos de disolución previstos por la ley, es decir, en situación de quiebra técnica.

La Sindicatura revela que la situación de desequilibrio patrimonial se inició en el año 2000 cuando el Consell renunció a las ampliaciones de capital y optó por el recurso al crédito bancario. Sólo el gasto en personal (72 millones), según revela la auditoría, ya supera la cifra de negocio de Canal 9 y Ràdio 9 (68 millones). Situación que se convierte en una "desproporcionada relación" entre ingresos y gastos si se añaden a la columna de gastos los 130 millones consumidos en aprovisionamiento de la radio y la televisión autonómicas.

Conclusión: "El proceso de descapitalización continuado exigirá de crecientes aportaciones financieras de la Generalitat y de capitales ajenos para continuar su actividad". La obcecación en no adoptar medidas que reconduzcan la situación se ponen de manifiesto sutilmente por parte de la Sindicatura de Comptes que deja claro que la mayoría de recomendaciones realizadas en la auditoría de 2004 han caído en saco roto en el ejercicio de 2005.

Pero Canal 9 no es el único estandarte del Consell con problemas financieros, la empresa creada para lanzar los grandes proyectos de la Generalitat también se situó en quiebra técnica "como consecuencia de las pérdidas recurrentes y la insuficiencia de aportaciones de fondos de la Generalitat". El resultado, unos fondos propios de -13,2 millones de euros. La auditoría advierte, que esta sociedad de la Generalitat no tiene bien aprovisionadas las pérdidas de su participación en Terra Mítica, ni en el aeropuerto de Castellón. Además, la valoración de las inversiones en la Ciudad de la Luz está condicionada "a la viabilidad y rentabilidad futura del proyecto audiovisual".

La Sindicatura recuerda que inicialmente estaba previsto que la Diputación de Castellón participará en un 50% en la sociedad responsable de la construcción del aeropuerto y que finalmente sólo lo hace en un 1,72%.

Otra de las sociedades que el Consell ha utilizado para cambiar la imagen de la Comunidad Valenciana, CACSA, también presenta deficiencias en su contabilidad. La empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias SA se había desviado del gasto previsto en los edificios emblemáticos en un 92%.

En conjunto, el coste del complejo arquitectónico, todavía por acabar, superó en 2005 la barrera de los 1.000 millones de euros (1.065 para ser esxactos). El resto de empresas públicas (ver cuadro adjunto), salvo excepciones, no presentan buenos resultados de explotación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de diciembre de 2006