Cinco administradores de Afinsa y Fórum recibirán más de seis millones en minutas

Los dos juzgados mercantiles que tramitan las quiebras de las filatélicas Afinsa y Fórum, los número 6 y 7 de Madrid, han fijado para los cinco administradores judiciales de ambas sociedades unos honorarios que en total suman más de seis millones de euros (unos 1.100 millones de las antiguas pesetas). Mientras miles de afectados siguen esperando que les devuelvan sus ahorros, los jueces han dictaminado, de acuerdo con la ley, que los administradores perciban la mitad de ese dinero en cinco días a partir de la fecha en que sea firme el auto que fija tales cantidades.

El otro 50% del dinero será entregado a los administradores al término de la primera fase procesal del concurso, según los autos de ambos jueces, fechados los pasados 1 y 9 de diciembre.

El dinero para pagar a los administradores sale de la masa patrimonial de las respectivas firmas que administran. "Hemos recurrido los autos", explica José Miguel Ayllón, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, que representa a más de un centenar de afectados. "Las normas que regulan los honorarios en los procedimientos concursales no están pensadas para asuntos de la envergadura de las macroestafas de Afinsa y Fórum. No digo que lo hecho por los jueces sea una ilegalidad, no; pero se trata de mucho dinero, y más si se tiene en cuenta que ninguno de los estafados ha cobrado aún ni un duro. Entendemos", añade Ayllón, "que esto es una ofensa para las víctimas de la estafa: mientras éstas no podrán ni comprar turrón, otros se van a hacer ricos administrando su desgracia", sostiene el letrado.

En total son cinco (tres en Fórum y tres en Afinsa, que en el caso de ésta última se quedan en dos ya que el juez ha decidido que el que representa a Hacienda no cobra) los administradores judiciales que cobrarán estos honorarios por gestionar ambas firmas, que han dejado a casi 400.000 personas estafadas. No será fácil que las víctimas puedan recuperar íntegro el dinero invertido en sellos en ambas sociedades, ya que Afinsa dejó un agujero de 1.700 millones, mientras que el de Fórum puede oscilar entre los 2.700 y 3.400 millones.

El papel de los administradores es, bajo supervisión judicial, administrar las empresas concursadas; es decir, mantener sus negocios e intentar reflotarlas. Los honorarios son pagados de la masa patrimonial. El dinero que se van a embolsar los administradores se ajusta a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Concursal (22/2003), desarrollada por el Real Decreto 1860/2004. Esta normativa señala que los honorarios de los administradores serán un porcentaje del activo y del pasivo de las sociedades concursadas. El 50% del dinero ha de entregarse al inicio de la gestión y el resto cuando se cierra la "fase común".

Recurso contra los autos

En el caso de Fórum, el auto establece el pago de 1.582.919,95 euros para el administrador Antonio Moreno y la misma cantidad para el también gestor Miguel Sánchez. Una parte de los abogados que defiende a los estafados discrepan de la decisión del juzgado de entregar igual cantidad a la Agencia Tributaria, puesto que ésta también tiene un representante entre los administradores.

José Manuel de Vicente Bobadilla, el juez de lo mercantil que lleva Afinsa, no ha considerado conveniente -a diferencia de su compañero del Juzgado 7- entregar dicha cantidad en concepto de emolumentos al representante de la Agencia Tributaria. Hacienda es acreedora de ambas firmas. En cambio, sí ha ordenado la entrega de 1.016. 557 euros para los administradores de Afinsa Benito Aguera y Javier Díaz-Galvez. Según Ayllón, el citado decreto obliga a los administradores a una exclusividad en el ejercicio profesional y excluye del cobro por gestión a los acreedores oficiales o públicos. "Sabemos que algunos de los administradores no tienen esa exclusividad y trabajan en despachos que llevan otros muchos concursos", lamenta el presidente de la Asociación de Víctimas. Opina que los administradores deberían "haberse contratado por concurso entre empresas, bufetes o consultorías de reconocido prestigio, pero no a dedo, como hacen los jueces". "En todo caso", concluye, "estas cantidades, en un caso excepcional como éste, debería de pagarlas el Estado".