Los rumanos ven positivo el anuncio de Caldera de limitar la moratoria

Miguel Fonda Stefanescu, presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos en España (Fedron), considera que "no es una mala noticia" el anuncio hecho en Bucarest (Rumania) por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. En una visita a este país, Caldera confirmó que habrá una moratoria de dos años para restringir el acceso al mercado de trabajo español a los ciudadanos de origen rumano y búlgaro, pero anunció que se revisará para intentar reducirla a un año.

Fonda también considera una "buena noticia" que Caldera haya señalado la disposición del Gobierno a regularizar la situación en España de los ciudadanos rumanos que acrediten tener un trabajo. "Con que se regularice a la mitad de los 350.000 rumanos que hay ahora en España, lo encontraríamos razonable", señaló Fonda.

Caldera indicó que la limitación a un año de la moratoria de dos años dependerá del flujo de trabajadores procedentes de los dos países que entrarán en la Unión Europea el 1 de enero -Rumania y Bulgaria-. Si ésta es "normal" y no produce "alteraciones sustanciales" en el mercado de trabajo español, la restricción podría eliminarse de común acuerdo con los agentes sociales.

Representantes de UGT y Comisiones Obreras calificaron de "acertada" la moratoria y recordaron que también España sufrió un periodo de restricciones cuando entró en la entonces Comunidad Económica Europea. IU criticó la posición del Gobierno, al que instó a preocuparse más para que los "los trabajadores rumanos y búlgaros trabajen en situación de igualdad y con derechos regulados", según Javier Alcázar, coordinador de Empleo e Inmigración de IU.

Prioridad en el cupo

Hace pocas semanas, sin embargo, el propio departamento que dirige Jesús Caldera había anunciado que impondría a rumanos y búlgaros la moratoria "más breve posible". De hecho, Caldera contradijo a Miguel Ángel Moratinos, quien ya había asumido que la moratoria sería de dos años, como finalmente ha sucedido, aunque se revisará al transcurrir el primer año. Caldera aseguró que aún no había una decisión tomada.

Trabajo prevé, además, que, a partir del 1 de enero, los trabajos rumanos y búlgaros no tendrán que estar cubiertos por el llamado Catálogo de Ocupación de Difícil Cobertura, que incluye los empleos que no quieren realizar los españoles. También pretende que rumanos y búlgaros tengan prioridad a la hora de fijar el contingente de inmigración correspondiente a 2007 y su distribución en cupos nacionales.

Todo esto, para los trabajadores nuevos que lleguen, porque los que ya tienen contrato adquirirán derechos permanentes y la plena libertad de residencia que corresponde a todo ciudadano europeo, incluida la de establecerse como autónomo. Moratinos dijo que en España hay unos 500.000 rumanos regularizados, a los que habría que sumar quizás otros 200.000 en situación irregular, según diversas fuentes.