La Xunta e Interior crean una unidad permanente para investigar los incendios

La oleada de incendios del pasado mes de agosto ha dejado demasiadas incógnitas encima de la mesa. La Xunta y los cuerpos policiales se propusieron ayer enmendar el deficiente seguimiento de los delitos relacionados con el fuego con la creación de una unidad permanente de investigación, en la que participarán grupos de la Guardia Civil, de las policías nacional y autonómica y de las Brigadas de Investigación Forestal. El acuerdo será firmado en Santiago a principios de enero próximo por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Hay que afinar más la investigación de las causas de los incendios", resumió el director xeral de Montes, Alberte Blanco, después de la reunión de ayer del Comité de Coordinación Policial Antiincendios, en la que participaron representantes de las policías nacional y autonómica, Guardia Civil, agentes forestales, Delegación del Gobierno y Fiscalía de Medio Ambiente. Con el objetivo de conocer detalles sobre quiénes y con qué intenciones queman el monte, la Xunta y el Ministerio del Interior ultiman los detalles del nuevo dispositivo de seguridad, que comenzará a funcionar a principios del próximo año.

La colaboración se plasmará en el protocolo que el Gobierno gallego firmará con Alfredo Pérez Rubalcaba, que tendrá entre sus objetivos el de prolongar la investigación durante todo el año. Alberte Blanco reconoció que el número de detenidos el verano pasado es escaso en comparación con el de incendios, un déficit que atribuyó a la necesidad de tiempo para efectuar unas investigaciones "muy laboriosas".

La necesidad de mejorar la investigación figura entre las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre incendios, en la que se afirma que la lucha contra el fuego y la detención de incendiarios no era una prioridad para la Guardia Civil, lo que ha extendido el malestar entre los mandos del instituto armado. Ningún representante policial ni de la Guardia Civil quiso hacer declaraciones ayer al término de la reunión del comité de coordinación policial. Alberte Blanco, por su parte, apuntó: "Estamos satisfechos con la colaboración de los cuerpos policiales, aunque todo es mejorable. También la Dirección Xeral".

La Guardia Civil ya cuenta con un equipo especializado de vigilancia e investigación de los incendios forestales, que, según el protocolo, "se ampliará, mejorará y especializará". La policía nacional, de carácter más urbano, deberá desempeñar un papel específico en el control de los fuegos en zonas más pobladas, como los que abundaron durante el pasado agosto. La ley de creación de la policía autonómica contemplará la creación de una unidad especializada.

Más tensión

El director xeral de Montes consideró necesario mantener la "tensión" investigadora durante todo el año, con más medios humanos que realicen un seguimiento continuado y reuniones cada dos meses. En la nueva unidad participarán las Brigadas de Investigación Forestal de la Xunta, que "cada vez tienen mayor importancia y protagonismo", según Blanco, al ser los primeros en llegar al lugar donde se produjeron los incendios, lo que proporciona datos valiosos para la investigación.

La necesidad de impulsar lo que el representante de la Consellería de Medio Rural calificó de "especialización policial de seguimiento delictivo", parte de la "anomalía extraordinaria" de lo ocurrido durante 11 días de agosto, en los que se concentraron incendios que arrasaron 70.000 hectáreas de monte. Por eso advirtió Blanco que "no se puede cantar victoria" en la lucha contra el fuego, ya que el pasado verano "los buenos resultados" de lo que iba de campaña "se vinieron abajo" con los fuegos registrados entre el 4 y el 15 de agosto.

Respecto a la extinción, el responsable de Montes reconoció que se precisa mayor "capacidad de respuesta" ante el fuego". "Pero que nadie piense en la posibilidad de una capacidad de respuesta absoluta" en unas condiciones como las de los incendios de este año. Alberte Blanco también puso cifras a la superficie de monte que deberá desbrozarse a lo largo del año próximo en zonas perimetrales, para proteger viviendas y controlar los fuegos: 15.000 hectáreas, lo que supone 150 millones de metros cuadrados, en su mayor parte antes del verano. Para alcanzar ese objetivo, Blanco consideró fundamental la colaboración de los ayuntamientos afectados.