El Gobierno presenta un borrador de la ley de la RTVA menos ambicioso que el estatal

El Gobierno andaluz remitió ayer a la oposición su propuesta de borrador de modificación de la ley de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), cuyo contenido se inspira en el aprobado en junio de 2006 por el Ejecutivo central para RTVE, aunque es menos ambicioso. Según la propuesta, el director general será elegido por una mayoría de "al menos tres quintos" del Parlamento, pero si transcurrido un mes desde la primera votación no se alcanzara esa suma (66 diputados), se elegiría por mayoría absoluta (55). Esta reserva no existe en la ley estatal.

La modificación de la ley de RTVA forma parte del paquete de otras dos normas que el Ejecutivo socialista quiere consensuar con la oposición antes de que entren en la Cámara.

La elección del director general de RTVA por el Parlamento es un compromiso de investidura del presidente Chaves, cuyo Gobierno se vio obligado a finales de agosto a retirar de la Cámara un anterior anteproyecto por la incapacidad de los socialistas para encontrar apoyos. Ya en ese proyecto se contemplaba la elección del director general por una mayoría cualificada de tres quintos, la misma que figura en el borrador enviado ahora a los grupos. Eso significa que el PSOE puede sacar adelante cualquier propuesta con IU y/o PA, pero también sin el PP.

Según el borrador, el mandato del ejecutivo será de seis años renovable una sola vez y para evitar vetos o bloqueos de los grupos "se formula una solución democrática de elección de la persona para ese cargo por mayoría absoluta del pleno del Parlamento de Andalucía si no se alcanzara la otra mayoría cualificada transcurrido un mes desde la primera votación parlamentaria".

Esta reserva no figura en la ley estatal, en la que la mayoría cualificada para elegir al alto cargo es aún mayor (de dos tercios), lo que implica que necesariamente los dos grandes partidos (PSOE y PP) se tienen que poner de acuerdo.

En cuanto al consejo de administración (15 miembros frente a 12 del nacional), sus integrantes serán elegidos por una mayoría de tres quintos y sólo por seis años. Sus funciones dejan mucho que desear, ya que no tendrán las competencias ejecutivas del consejo de RTVE, cuyos integrantes tienen dedicación exclusiva y pueden ser destituidos si se produce una desviación presupuestaria igual o superior al 10%.

El actual consejo de administración de RTVA no deja de ser una forma de financiación de los partidos políticos que colocan en ese órgano a personas de confianza que o bien han dejado el cargo público o realizan tareas orgánicas para sus formaciones. De este modo se ahorran los sueldos. Sólo dos personas del actual consejo constituyen la excepción a esta regla.

Los principales avances de la ley -la elección por tres quintos del director general ya lo es- son la redacción de una carta del servicio público en la que se marcan las "prioridades de actuación" de la RTVA y la firma de contratos-programa, cada tres años, donde se fijan compensaciones económicas para el desarrollo de emisiones específicas con un objetivo determinado.