Los islamistas de Ceuta contactaron con tres soldados para robar un polvorín
Garzón afirma que los detenidos iban a sustraer explosivos - El juez ordena que sean grabados en sus celdas - La célula tenía un supermercado entre sus objetivos
La Operación Duna, que permitió desarticular un supuesto comando de islamistas que ideaban atentatos terroristas en Ceuta, ha puesto al descubierto un plan de uno de los jefes de la célula para robar armas y explosivos en uno de los dos polvorines del Monte Hacho. La investigación policial, ordenada por el juez Baltasar Garzón, descubrió que uno de los 11 detenidos en la operación había mantenido contactos con tres soldados de religión musulmana para obtener información sobre los accesos a los polvorines de Valdelagua y El Renegado. Garzón señala que la célula planeaba "varias operaciones de sustracción de armamento y material explosivo".
Los 11 detenidos "habían mostrado una voluntad de pasar de lo que era la fase inicial de discusión fanática a una fase directamente de acción", según aseguró ayer el director general de la Guardia Civil y de la Policía, Juan Mesquida. En las conversaciones intervenidas a los detenidos se menciona la posibilidad de cometer un atentado durante las ferias de agosto de la ciudad. También citaron otras posibilidades de atentado, aunque con menor insistencia, contra un supermercado que vendía alcohol y en el que trabajaban musulmanes, o contra un morabito (pequeño templete musulmán) en el que han sido colocadas imágenes cristianas. La investigación, con la colaboración de un testigo protegido, iba también dirigida inicialmente a identificar a soldados musulmanes españoles que pudieran estar en contacto con islamistas radicales. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que se ha observado cómo algunos soldados se dirigían tras salir de los cuarteles a orar a mezquitas de prédica radical como la de Darkawia.
El juez Garzón dictó ayer un auto en el que ordena la grabación en vídeo de los 11 islamistas detenidos en Ceuta mientras permanezcan incomunicados en celdas o dependencias policiales. Es la primera vez que un juez español adopta medidas de protección contra la tortura, tratos inhumanos y degradantes, siguiendo la recomendación realizada en marzo por el relator especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak.
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