Tres meses de conflicto

El conflicto laboral en la planta de la multinacional Reckitt Benckiser en Güeñes cumple ya tres meses. El pasado 12 de septiembre, la compañia británica, que fabrica productos de limpieza e higiene personal, anunció el cierre de la planta, lo que cogió de improviso a las autoridades locales y autonómicas.

La firma aducía para su decisión razones de costes laborales -la planta generaba beneficios, que Reckitt ha rehusado cuantificar- para trasladar la producción a otros centros de trabajo en Portugal, Gran Bretaña y Polonia y recurrir a las subcontrataciones. Las administraciones vascas hablaron de "deslocalización de libro", en palabras de la titular de Industria, Ana Aguirre, y el caso sirvió para que la Diputación de Vizcaya anunciase la elaboración de una norma foral que obligará a devolver las ayudas públicas a empresas con beneficios que pretendan su deslocalización.

Un mes antes del anuncio del cierre, el Ayuntamiento de Güeñes aprobó la recalificación de terrenos de Reckitt para construir viviendas, lo que le reportará unas plusvalías de más de cinco millones de euros. Este hecho levantó una gran polémica por el posterior anuncio de la clausura de la planta. Las negociaciones no han existido casi hasta principios de este mes porque la plantilla se negaba a tratar el cierre. Sólo la presentación del ERE, a mediados del pasado noviembre, forzó el diálogo entre ambas partes. Sin embargo, las discrepancias sobre el contenido del documento han ido dilatando el periodo de consultas hasta el pasado día 1, cuando la mayoría de la asamblea de los trabajadores dio autorización al inicio de las negociaciones. En todo este periodo se han sucedido las movilizaciones de la plantilla, que han mantenido dos días de huelga.