La Audiencia juzgará el 'caso funeraria' tras 15 años de dilaciones

Las dilaciones de casi 15 años que ha sufrido el caso funeraria en los tribunales no impedirán que la Audiencia Provincial de Madrid inicie el juicio oral el próximo 20 de abril. Así lo ha decidido el tribunal en un auto del pasado 24 de noviembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que desestima la prescripción de los delitos imputados a los ex concejales del PP Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, y a varios directivos de la funeraria.

"En principio se fija el inicio del presente juicio para el día 20 de abril de 2007", concluye en el auto de 12 páginas el tribunal, que ya abrió vista oral el 17 de julio. Entonces, las defensas de los procesados plantearon varias cuestiones previas que han dilatado el juicio cinco meses. Tiempo que se suma a los casi 15 años de dilaciones que ha sufrido el llamado caso funeraria.

Fue en 1992 cuando el Ayuntamiento, gobernado por José María Álvarez del Manzano (PP), vendió la mitad de la funeraria municipal por 0,6 euros a una empresa privada, Funespaña, por el procedimiento de declararla primero en quiebra técnica. Unos meses después, la funeraria ganaba más de seis millones de euros. Por estas razones, IU denunció por la vía penal a los procesados, acusados de prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas y tráfico de influencias.

La Audiencia ha concluido ahora que no hay prescripción en ninguno de esos supuestos delitos, como aseguraron las defensas, porque considera -y para justificarlo alude a 15 sentencias de entre 1995 y 2003 de la sala de lo penal- que "es suficiente para entender interrumpida la prescripción que en la querella, denuncia o investigación aparezcan nominadas determinadas personas como supuestos responsables del delito".

La defensa de Funespaña (también acusada de dichos delitos) planteó, además, que su posible responsabilidad civil por el delito de malversación es competencia del Tribunal de Cuentas. La Audiencia argumenta en contra que la jurisdicción penal es "siempre preferente".

La actual portavoz del grupo municipal de IU que inició el proceso penal, Inés Sabanés, recibió ayer con satisfacción la noticia de que el juicio continúa en abril. "Se trata de un proceso que ha estado demorado en exceso por una complicadísima e inexplicable situación jurídica con mucho cambio. Nos alegramos de que por fin vaya a ser juzgado", manifestó. También subrayó que el caso funeraria es "muy relevante, porque implica a dirigentes políticos y altos cargos del PP en un proceso de privatización irregular". Por eso, reclamó que la funeraria "vuelva a ser un servicio público del Ayuntamiento".