La Audiencia de Pontevedra absuelve a Fernández Rocha del delito de prevaricación

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto al alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, del delito de prevaricación urbanística por conceder licencia sin el preceptivo informe de Patrimonio, por el que el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra lo había condenado a siete años de prevaricación y a una multa de 6.000 euros. La sentencia no contradice los hechos probados por el juzgado pontevedrés, pero apela al principio de intervención mínima del derecho y a la deficiente claridad de Patrimonio respecto a la delimitación de la zona protegida para justificar la libre absolución.

La licencia que originó el litigio autorizaba la ampliación de una vivienda situada en una zona declarada Bien de Interés Cultural, en el número 1 de la calle Camilo José Cela, por lo que era necesario un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio, de la Consellería de Cultura. El juzgado de Pontevedra había absuelto a dos concejales que formaban parte de la comisión de gobierno que aprobó la licencia y condenado a la misma pena que el alcalde a dos técnicos del Ayuntamiento, que ahora quedan también absueltos por la Audiencia.

Los argumentos empleados por la Audiencia son idénticos a los que utilizó el Tribunal Supremo para absolver a Fernández Rocha en otro de los numerosos casos urbanísticos por los que está siendo procesado, en su mayor parte, por actuaciones urbanísticas en el casco viejo de Tui. El alcalde tudense está relacionado directamente o a través de su hijo con siete empresas inmobiliarias y constructoras.

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Sarria, por otra parte, trasladó a la fiscalía de la Audiencia provincial de Lugo la documentación relacionada con el incremento en el valor de una finca de uno de los concejales del equipo de gobierno, que pasó a formar parte de los terrenos en los que se asentará la futura piscina climatizada, según informa Arcadio Silvosa.

El portavoz socialista, Claudio Garrido, dijo que se había comprobado que "no existe" ninguna justificación o informe que avale el incremento en la valoración de esta finca, propiedad del concejal Manuel Valiña, que pasó de una tasación inicial de 24.479,3 euros a un pago final al edil de 38.350,51 euros.

Garrido apuntó que también se ha constatado que, por parte del concejal, en las alegaciones que presentó en el periodo de información al público, no se formuló ninguna petición de incremento en la valoración. "Es contrario a la legalidad incrementar el valor sin que se hubiera pedido", apuntó el edil socialista.