PSdeG y BNG pactan en el Parlamento un informe que exculpa a la Xunta de los incendios

La Comisión de Estudio que ha investigado en el Parlamento Gallego las causas de los incendios de agosto exime de responsabilidad al Gobierno gallego y culpa al dispositivo de extinción, diseñado por el Ejecutivo del Partido Popular. El dictamen de la comisión, en la que sólo están representados socialistas y nacionalistas , reconoce que el dispositivo "se colapsó al no estar preparado para afrontar una situación excepcional". El estudio concluye que "no se adoptó ninguna decisión política con incidencia para el dispositivo, por lo que no cabe deducir responsabilidades políticas".

Después de 68 comparecencias y dos meses de trabajo la comisión que ha analizado en la Cámara Autonómica los incendios de este verano, ha emitido su dictamen, pactado por los grupos socialista y nacionalista, que reconoce que el operativo de extinción, "similar en número de efectivos al de otros años" se colapsó debido "a la falta de adecuación del dispositivo a la nueva tipología de los fuegos que se produjeron durante la crisis".

El informe llama "situación excepcional" al número de fuegos (2.055 entre los días 4 y 15 de agosto) y a un nuevo tipo de incendios que puso en peligro vidas humanas, importantes infraestructuras y un número elevado de viviendas. En total, en esos 11 días se quemaron 78.000 hectáreas de monte. En las dos semanas en las que Galicia se vio cercada por las llamas, el dictamen contabiliza más de 5.200 focos de nivel 1, cinco veces más que el año anterior, con unas condiciones meteorológicas que los expertos que han pasado por la comisión han calificado como "el factor 30": temperaturas superiores a 30 grados, vientos de 30 kilómetros por hora, humedad relativa inferior al 30% y en terrenos con una pendiente por encima del 30%.

El dictamen pone al descubiero un buen número de disfunciones en la estructura y el funcionamiento de las cuadrillas contra el fuego. Cita la "inexistencia de reuniones de coordinación entre los distintos medios que actúan en cada distrito forestal" y asegura que la falta de un mando único de control añadió dificultades a las tareas de extinción. "Las brigadas municipales obedecen en mayor grado las instrucciones de los alcaldes", dice.

El informe ha detectado fallos graves en la interlocución entre las distintas brigadas, con equipos de transmisión incompatibles entre sí, que les impidieron comunicarse en mitad del bosque cuando acudían a sofocar las llamas.

Pese a todo, el texto exculpa al Gobierno gallego "porque no adoptó ninguna decisión política que tuviera incidencia en el funcionamiento del dispositivo, por lo que no cabe deducir responsabilidades políticas".

Después de repasar los testimonios de brigadistas, Guardia Civil y organizaciones ecologistas, la comisión defiende que la dilación en la firma de convenios por parte de algunos ayuntamientos y la negativa de varios municipios a formar las brigadas no tuvieron "efectos significativos sobre la crisis". De hecho, el texto señala que "hubo una óptima colaboración entre la Administración local y la Xunta de Galicia y una aceptable coordinación de los medios". En sus conclusiones, la comisión evalúa positivamente la capacidad de respuesta del operativo, que empleó una media de 25 minutos en llegar a cada incendio durante la primera quincena de agosto, con picos de más de 200 fuegos diarios.

Sin noticias de la trama

En cuanto a la existencia o no de tramas criminales para quemar los montes, el dictamen se limita a recordar que los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de la Fiscalía contra incendios, aseguraron que "por el momento no se puede negar ni afirmar" que existiese una organización delictiva, al no haber "datos suficientes para descartarlo o avalarlo". Subraya que sólo se han constatado relaciones entre cinco de los detenidos.

Además de analizar lo ocurrido durante el mes de agosto, la comisión establece recomendaciones para futuros veranos. Reclama una mayor profesionalización de las trabajadores del fuego con un mando único, en manos de la Xunta de Galicia. Además propone redefinir el mapa de zonas de alto riesgo para que incluya los núcleos de población e infraestructuras como la Autopista A9 y los aeropuertos.

El dictamen, que se someterá a aprobación a finales de mes en el Parlamento, recoge la necesidad de llegar a un "gran acuerdo" e invita al Partido Popular a presentar enmiendas.