Madrid, tierra de acogida para dirigentes del PP en paro

Si en política hay que devolver los favores, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tiene un brillante porvenir en el futuro del PP: muchos dirigentes, sectores y familias del partido le deben uno.

El PP perdió las elecciones generales de 2004 y el desconcierto se extendió en sus filas. La causa no era sólo la sorpresa de perder unas elecciones que creían ganadas, sino también el cómo dar salida a mucho alto cargo hasta entonces empleado en los ministerios u organismos controlados por el Gobierno de José María Aznar.

El candidato perdedor, Mariano Rajoy, resumió poco después la situación al pedir un "esfuerzo" a las administraciones controladas por los populares para que acogieran en sus filas a los dirigentes que se habían quedado sin trabajo. Algunos en el PP pueden reprochar a Aguirre que haya publicado su controvertida biografía a seis meses de las elecciones, pero nadie puede decir que la presidenta no ha cumplido el encargo.

Ayudada por su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, Aguirre ha ido encontrando en los últimos tres años un hueco en la Comunidad de Madrid a al menos 24 personas con un alto perfil político que hoy copan dos consejerías, dos viceconsejerías y ocho direcciones generales o cargos similares del mismo rango del Gobierno regional. Además, seis hospitales públicos y otros seis organismos de la región también han dado acomodo a ex altos cargos populares.

La primera gran oleada de dirigentes del partido sin trabajo se produjo en los meses que siguieron a la derrota en las elecciones generales, en marzo de 2004. Cuando sólo habían transcurrido seis semanas del desastre electoral, Lamela llevó al frente de cinco hospitales públicos de la región a otros tantos altos cargos de los Gobiernos de Aznar.

Algunos, como el gerente de La Paz, Rafael Pérez Santamaría, o la de Fuenlabrada, Ana María Sánchez, provenían de la estructura del Ministerio de Sanidad, pero el trabajo que venían desempeñando los otros tres poco tenía que ver con la sanidad pública. Rafael Catalá, nombrado director del Ramón y Cajal, era secretario de Estado de Justicia; Amador Elena, colocado en el hospital de Móstoles, venía de la Dirección General de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas; y César Pascual, gerente del hospital para enfermos crónicos de Guadarrama, venía del Ministerio del Interior.

El PSOE no tardó en poner el grito en el cielo: "Aguirre ha convertido a la sanidad pública regional en la agencia de recolocación de altos cargos del partido en paro", criticó entonces el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Lucas Fernández.

La respuesta de Aguirre y Lamela ante las críticas ha sido siempre la misma: "Es un privilegio para la Comunidad de Madrid poder contar con personas con tan elevada cualificación personal y profesional", han contestado con palabras muy parecidas cada vez que se les ha preguntado sobre el asunto.

Aguirre y Lamela también supieron echar un cable al partido cuando éste perdió su feudo gallego por un solo escaño en junio de 2005. Poco después, la Comunidad anunciaba el fichaje de dos consejeros del último Gobierno de Manuel Fraga: Belén Prado Sanjurjo, consejera de Asuntos Sociales en Galicia, pasó a ser viceconsejera de Sanidad en Madrid. Y José Manuel González, consejero de Sanidad con Fraga, se convirtió en el nuevo gerente de la Fundación Hospital Alcorcón.

La trayectoria de todos ellos en la sanidad madrileña ha sido desigual. Mientras alguno, como Rafael Catalá, duró apenas ocho meses y despegó en cuanto pudo a la empresa privada, otros, como Amador Elena, ya han conseguido un ascenso: pasó de ser gerente en Móstoles, un hospital mediano, a sustituir a Catalá en el Ramón y Cajal, uno de los buques insignia de la sanidad pública madrileña.

La consejería de Lamela también ha tenido hueco para otros tres pesos medios del partido, tuvieran o no relación con los hospitales o la medicina. Juan Ignacio Barrero, sucesor de Aguirre en la presidencia del Senado, fue nombrado Defensor del Paciente de Sanidad y Jaime Haddad, director de Planificación en el Ministerio de Agricultura, pasó a ser el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad.

José María Barahona, senador del PP por Salamanca y amigo personal de Aznar y de Aguirre, recibió la dirección técnica de la Agencia Laín Entralgo, organismo encargado de la formación e investigación sanitarias. Barahona duró poco: al año tuvo que dimitir porque incumplía la ley de incompatibilidades al no haber cerrado o transferido su negocio privado de oftalmología.

Pero también el metro y las carreteras, los otros dos pilares de las políticas de Aguirre, han servido para echar una mano al partido. La ex secretaria de Estado de Interior, María Dolores de Cospedal, fue nombrada consejera de Infraestructuras y Transportes ocho meses después de la derrota del PP en las generales.

Un año más tarde, el partido le encargó un nuevo reto: luchar por la presidencia de la comunidad de Castilla-La Mancha en las elecciones del próximo mayo.

Para sustituirla, Aguirre echó mano de otra mujer con larga trayectoria política: la ex ministra de Medio Ambiente con Aznar, Elvira Rodríguez. En la misma consejería, José Antonio Llanos, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, controla hoy la Dirección General de Carreteras.

Lucía Figar, en Inmigración, es la otra consejera de Aguirre que proviene de los Gobiernos de Aznar, en los que ocupó la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales en el Ministerio de Trabajo.

La Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente es otra de las que ha asumido su cota de "esfuerzo", en palabras de Rajoy. Uno de sus viceconsejeros, José Trigueros Rodrigo, fue director general de Costas con Aznar, y uno de sus colaboradores, Domingo Menéndez, que trabajó como comisionado en la catástrofe del Prestige, ha sido situado al frente del Ivima, el organismo que promueve la vivienda protegida de la Comunidad.

Otros nombramientos (ver cuadro) incluyen al ex director del Instituto Cervantes o a miembros del Gabinete de Aznar.