Las tarifas del trasvase Júcar-Vinalopó penalizarán el uso de pozos para riego

El Gobierno ha elaborado un plan de tarifas para el trasvase al Vinalopó que engloba no sólo el agua que llegará del Júcar, sino también los recursos subterráneos de las comarcas alicantinas. El acuífero del Vinalopó está sobreexplotado y su regeneración es un objetivo principal de la obra. El plan propone que las tarifas premien a los usuarios de la transferencia y penalicen a los regantes que usen pozos, una cincuentena de los cuales se cerrará. Los municipios, al beneficiarse de la recuperación de las aguas subterráneas, también deberán compensar el menor coste para extraerlas.

Las normas de explotación y el plan de cuenca deberán aprobar la propuesta

El Gobierno quiere fomentar el uso de la transferencia y frenar el del agua subterránea

La Comisión Europea exige que el trasvase Júcar-Vinalopó cumpla con la directiva marco del agua, por lo que la obra está obligada a la recuperación de la investigación con de las tarifas de explotación de la conducción, cuya puesta en marcha está prevista para 2009. Otra de las condiciones impuestas por Bruselas es que la gestión del agua en las comarcas del Vinalopó y L'Alacantí sea sostenible, lo que implica la recuperación de un acuífero del que se sirven regantes y municipios, incluida parte de la costa y ciudades como Alicante. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene abierto desde principios de los ochenta un expediente para declarar sobreexplotado el acuífero, pendiente de que nuevos recursos remedien la escasez. Con el trasvase se aportarán hasta un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales sólo para riego y baldeo de calles -la costa, incluida en el anterior trazado se cubrirá con desalación-. La inversión alcanzará los 303,3 millones de euros, de los que la Comisión Europea aportará 120, según anunció recientemente al desestimar una queja de la Junta Central de Usuarios contra el nuevo proyecto.

Durante la revisión del nuevo trazado que toma el agua en el Azud de la Marquesa, Bruselas exigió precisiones al análisis financiero y de gestión de aguas del trasvase como paso previo a confirmar la ayuda. En sus respuestas, enviadas a la Comisión en octubre, el Gobierno planteó un novedoso sistema de tarifas que afectará a todo el sistema de distribución de agua en el Vinalopó. El plan está pendiente de concretarse y deberá ser aprobado por la CHJ dentro del nuevo plan de cuenca y en las normas de explotación del propio trasvase que construye Aguas del Júcar, dependiente de Medio Ambiente.

La propuesta plantea que el trasvase tendrá beneficiarios directos e indirectos y considera que todos ellos deben contribuir -en mayor o menor medida- a la amortización de la obra, la recuperación de costes exigida por la directiva del agua y el mantenimiento de la transferencia. Así, se establecen diferentes tarifas para los regantes que usen el trasvase, otro canon sobre los derechos vigentes de extracción de agua subterránea -se utilicen o no- y sobre las cantidades que efectivamente se bombeen. "Los usuarios que continúen utilizando aguas subterráneas deberán ser objeto de un canon en concepto de mejora de la garantía, así como de elevación de los niveles de los acuíferos y consiguiente abaratamiento de la extracción, debido a la sustitución de bombeos por aguas trasvasadas", explica el documento que estudió la Comisión.

El sistema de tarifas persigue "fomentar el consumo de agua del trasvase cuando sea posible" y "penalizar el mantenimiento de las extracciones" cuando estos recursos alternativos estén disponibles, de modo que la infraestructura trabaje al 100% de sus posibilidades. Los cánones de calculan de forma que "cuanto mayor sea el consumo de agua del trasvase, los precios en euros por metro cúbico serán menores" para los regantes. El precio medio se sitúa en 0,197 euros por metro cúbico, que bajará cuanta más agua pueda trasvasarse -lo que depende del estado del Júcar- y efectivamente se consuma. En cambio, los usuarios que continúen explotando pozos serán castigados en el recibo. La recuperación del acuífero del Vinalopó, del que se sirven regantes y hasta el 80% de las poblaciones de L'Alacantí, exige una racionalización que implicará el cierre de una cincuentena de pozos cuando los afectados tengan agua del trasvase. Los municipios que necesitan agua de pozos para el abastecimiento contribuirán a la mejora a través de una tarifa en la medida en que su coste de extracción será menor cuando el acuífero gane reservas. En estos momentos, hay bombeos que buscan agua a 300 y hasta 600 metros y será más barato elevarla si el nivel del acuífero asciende, afirma el Gobierno.

El sistema tarifario quiere evitar que sean sólo los regantes del trasvase los que paguen un beneficio que se extiende al resto de consumidores. Así, al canon por la cantidad bombeada del acuífero se añade otro que grava los derechos sobre los pozos aunque no se usen, una medida dirigida a cortar la exportación de agua del acuífero a la costa. El plan, no obstante, está pendiente de fijar regímenes diferenciales, ya que no están en la misma situación poblaciones del interior sin fuente de agua alternativa y la costa, o los regantes con pozo, que pueden optar al trasvase y serán penalizados si insisten en bombear.