El Gobierno mexicano investiga a la policía local de Oaxaca

Agentes federales mexicanos detuvieron ayer a cinco policías del Estado de Oaxaca y decomisaron 341 armas de fuego en una operación destinada a esclarecer la muerte de varios manifestantes durante el conflicto que ha vivido esa región en los últimos meses.

Decenas de efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) intervinieron la sede de la fiscalía estatal y las dependencias de la policía local. Según Ardelio Vargas, jefe del Estado Mayor de la PFP, a los cinco agentes detenidos se les investiga por posesión de armas sin licencia y por el uso indebido de vehículos robados que habían sido decomisados.

Se trata de la primera medida que asume el nuevo presidente mexicano, Felipe Calderón, contra personal dependiente del polémico gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, tras la detención en los últimos días de más de 150 integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuyas protestas han sumido a ese Estado en la ingobernabilidad durante seis meses.

"La tolerancia es para toda la ciudadanía pero las investigaciones también incluyen a todas las autoridades; no permitiremos que se cometan actos vandálicos, ya sea por parte de particulares o inclusive por malos funcionarios que utilizando su cargo cometan algún atropello", dijo Vargas.

En el operativo participaron peritos de la Procuraduría (fiscalía) de la República, quienes tomaron "las huellas de balística de cada una de las armas para compararlas con todos los casquillos recogidos en las investigaciones por homicidio en la entidad", dijo la PFP.

La APPO lideró las protestas para exigir la renuncia de Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó en México durante siete décadas y ahora está en la oposición. El conflicto, que comenzó en mayo con una huelga de maestros, ha dejado millonarias pérdidas en Oaxaca, importante destino turístico bañado por el océano Pacífico. Al menos once personas murieron en la escalada de violencia, todas ellas entre los grupos alzados contra Ruiz y en choques armados con supuestos policías a las órdenes del gobernador o personas afines a él.

Gran manifestación

Mientras, la APPO prepara para hoy una gran manifestación para exigir la liberación de su líder, Flavio Sosa, y los integrantes detenidos después de los violentos enfrentamientos del 25 de noviembre entre grupos radicales y la Policía Federal Preventiva, que dejaron un saldo de decenas de edificios y vehículos incendiados, y que obligaron a replegarse a los rebeldes, que mantenían la ciudad de Oaxaca en su poder. Los detenidos están acusados de secuestro, despojo, robo, lesiones y lesiones.

La incertidumbre aumentó con la muerte, el viernes, de Raúl Marcial Pérez, ex dirigente de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui, asesinado de diez balazos en el poblado en Santiago Juxtlahuaca. Se desconoce si tenía vínculos con la APPO y si este asesinato está relacionado con la agitación política.