IU y ERC exigen que la revisión de condenas franquistas tenga consecuencias jurídicas

IU-ICV y ERC, aliados frecuentes del PSOE en el Congreso, coincidieron ayer en considerar muy insuficiente la posibilidad, barajada por los socialistas, de que la futura Ley de Memoria Histórica admita una revisión de las resoluciones judiciales del franquismo con efectos meramente simbólicos. Las tres formaciones, como las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, exigen bastante más: la anulación de las sentencias de consejos de guerra y juicios sumarísimos con todas sus consecuencias, y no una mera reparación moral. El PP confirmó que su intención es que el Gobierno retire el proyecto para que no haya ley. El próximo jueves se debatirán las enmiendas a la totalidad.

IU-ICV, ERC y PP defenderán sus enmiendas con muy diferentes intenciones. Los dos primeros grupos han presentado en la Cámara sendos textos alternativos que van más allá de las intenciones del proyecto del Gobierno. Con su enmienda, los populares, en cambio, intentarán que el Ejecutivo retire el proyecto. El PP considera que la futura ley reabrirá heridas ya cerradas con el consenso de la transición, y por eso pide sencillamente su retirada.

Los socialistas tienen intención de iniciar un acercamiento hacia IU-ICV y ERC antes de que la ley llegue al trámite de comisión, sin excluir de ese consenso al PP. A los dos primeros grupos les ofrecerían la posibilidad de pactar la revisión de las resoluciones judiciales del franquismo, como han reclamado insistentemente, pero sólo a título simbólico y moral y sin consecuencias jurídicas. Nada de revisiones jurídicas. El Ejecutivo quiere evitar que se abran nuevas vías de reclamación o de persecución penal de los miembros de los tribunales franquistas.

Pero la nueva propuesta, aun sin haber llegado a formularse, ya es manifiestamente insuficiente para la izquierda. El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, anunció ayer que el acercamiento que esperan los socialistas no se producirá si éstos sólo aceptan una revisión "moral" sin efectos jurídicos. Para Herrera, la proposición del Ejecutivo no es ninguna novedad. "Explican su misma propuesta de otra manera", afirmó para después explicarlo: "Si la revisión sólo produce efectos simbólicos, no es revisión" y "la revisión moral ya la ha hecho la historia".

Herrera recordó que los consejos de guerra que llevaron al patíbulo a decenas de miles de personas durante la Guerra Civil y el franquismo no es que no fueran justos, sino que ni siquiera tuvieron la categoría de juicios. "Los jueces no eran jueces sino que eran nombrados a dedo por Franco y en siete minutos condenaban a muerte a un individuo. En muchos casos, los jueces eran militares e incluso miembros de la Falange", subrayó.

El Gobierno considera que otorgar efectos jurídicos a revisiones de sentencias podría acabar con el entramado de seguridad jurídica creado por 40 años de dictadura. Pero Herrera considera que en el debate sobre el proyecto de ley de Memoria Histórica debe primar "el principio de justicia recogido en el artículo 1 de la Constitución sobre el de seguridad jurídica". "En España se produjo un genocidio a partir de un organigrama jurídico y esto es lo que se debe anular", concluyó el portavoz.

Esquerra Republicana se manifestó en términos parecidos aunque con más dureza, al considerar el proyecto de ley "un insulto y una infamia a las víctimas del franquismo". "Todo lo que no suponga la anulación jurídica de las causas sumarias, sumarísimas y el resto de causas abiertas por los tribunales franquistas no nos vale" porque el objetivo de la ley, a juicio de ERC, debe ser "la deslegitimación del régimen franquista y, por lo tanto, la anulación de sus sentencias", explicó su portavoz en el Congreso, Joan Tardà. "No podemos reconocer la legitimidad de ningún tribunal militar o político de la dictadura franquista porque hacerlo sería justamente reconocer y legitimar la dictadura", insistió.

Por eso, la posibilidad de una revisión sólo con efectos morales demostraría, para ERC, "que el PSOE no quiere deslegitimar el régimen después de 25 años y que no se atreve a hacer lo que tiene que hacer un Gobierno democrático europeo del siglo XXI".

A las tesis de IU y ERC se sumó también el secretario general de UGT, Cándido Méndez, que tras participar en un homenaje al fundador del sindicato y del PSOE, Pablo Iglesias, afirmó: "La democracia española no puede condenar a esas familias al olvido. Tiene que garantizárseles una reparación efectiva en esa ley, porque eso será lo que restañará las heridas abiertas por el dictador". En ese mismo acto, el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, ofreció una visión del tema muy cercana a la que mantiene su partido. "Los pueblos tienen el derecho y el deber de tener muy presente su memoria histórica sin ira. Pero ese derecho debe ejercerse sin ánimo de revancha y con el propósito de evitar sus episodios más lamentables", añadió el candidato del PSOE.

Oferta de consenso

El intento de acercamiento de los socialistas hacia IU-ICV y ERC también va dirigido al Partido Popular, a cuyo líder, Mariano Rajoy, reiteró ayer su oferta de consenso en este tema el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

Los populares, sin embargo, no se han movido un ápice de su intención de defender su enmienda a la totalidad con la única finalidad de que se retire el proyecto de ley. El secretario de Comunicación del partido, Gabriel Elorriaga, recordó la posición de los populares sobre esta materia: el Gobierno debe de preocuparse por el futuro y dejar de lado el pasado, porque el debate sobre el pasado no aporta nada. Para Elorriaga, el PSOE actúa presionado por sus renovados socios en el Gobierno tripartito catalán, es decir, actúa en función de la coyuntura política y carece de proyecto político.