Los Ejecutivos central y vasco se coordinan para proteger la red de alta velocidad
Los Gobiernos central y vasco han puesto en marcha dos comisiones conjuntas para hacer frente a los problemas que se ciernen sobre la red de alta velocidad (TAV) que unirá a las tres capitales vascas. La primera, de carácter policial, pretende garantizar la seguridad en las obras y prevenir ataques y sabotajes, mientras que la segunda, de contenido político, se ocupará de favorecer el avance de los trabajos y crear una opinión social favorable. El Departamento de Transportes teme que la capitalización del rechazo a la llamada Y ferroviaria por parte del movimiento abertzale conduzca, en las hipótesis más favorables, a una sucesión de sabotajes como la que causó grandes retrasos y daños en la construcción de la presa navarra de Itoiz.
En las cuatro semanas transcurridas desde el inicio de las obras del primer tramo, en las proximidades de Vitoria, se han desplegado todos los resortes de protesta de la heterogénea plataforma de grupos opositores a la infraestructura. Sin embargo, las luces de alarma se han encendido en las Administraciones central y vasca -la primera financia íntegramente los 4.178 millones de euros del trazado, cuyo tramo guipuzcoano será ejecutado por la segunda- al conocerse el propósito de la izquierda abertzale de convertir la lucha contra el TAV en uno de los ejes de su estrategia para recuperar el espacio político y social perdido con la ilegalización de Batasuna.
"Conflicto de orden público"
Según fuentes del Gobierno vasco, los precedentes de la autovía de Leizaran y del pantano de Itoiz son "demasiado nítidos" como para hacer caso omiso a estas intenciones y señales que apuntan en el mismo sentido. Hace dos semanas, un representante de Eguzki, la organización ecologista del movimiento abertzale, citando expresamente aquellos casos, concluía así un artículo en el diario Gara: "Desde Eguzki hacemos responsable al Gobierno tripartito del conflicto de orden público al que abocan de nuevo a este pueblo, de todos y cada uno de los episodios de enfrentamiento y represión que ya se empiezan a producir con el vergonzante inicio de las obras".
En el Ministerio de Fomento y en el Departamento de Transportes no se oculta la preocupación por el desarrollo posterior de la estrategia destinada a "paralizar" el proyecto o, al menos, obstaculizar su ejecución. Por ello, ambos Gobiernos barajan distintas hipótesis de trabajo a la hora de evaluar los riesgos y hacerles frente. No es lo mismo un escenario Itoiz, en el que el objetivo de sus detractores fue entorpecer al máximo la obra, con acciones de resistencia o de puro y duro sabotaje, o el modelo de la autovía Navarra-Guipúzcoa en la década de los ochenta. Tras apoyar los ataques de grupos juveniles, ETA convirtió Leizaran en objetivo de sus atentados, que mataron a tres personas, hasta forzar un cambio en el trazado aprobado por las instituciones.
