Pastoral y política

Finalmente, tras meses de trabajo de redacción a puerta cerrada en el seno de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la pasada semana se hizo pública la última Instrucción pastoral de nuestros prelados, un extenso documento (27 apretadas páginas) que lleva por título Orientaciones morales ante la situación actual en España. Contra lo que pudieran pensar los profanos, dicho texto no versa sólo sobre cuestiones de moral privada (las relaciones entre sexos, entre cónyuges, o bien entre padres e hijos...), ni tampoco sobre ciertos asuntos públicos de profundo calado ético que hoy ocupan y preocupan a la sociedad española (la corrupción inmobiliaria, la violencia escolar...). Lo que el documento pretende es dar a los católicos una clave de lectura e interpretación -la que predomina actualmente en el vértice de la jerarquía eclesiástica encabezada por los cardenales Rouco y Cañizares- sobre los grandes debates políticos abiertos hoy en este país. Por supuesto, la CEE tiene todo el derecho del mundo a producir documentos de carácter político -aunque sería preferible que no los disfrazase como instrucciones morales-, y los laicos, creyentes o no, tenemos idéntico derecho a discutirlos en el terreno del estricto análisis de opinión.

El último documento de la Conferencia Episcopal pretende dar a los católicos claves de lectura e interpretación sobre los grandes debates políticos abiertos hoy en España

Así, por ejemplo, los obispos han arremetido contra la timorata y vacilante política memorial del Gobierno del PSOE porque -dicen- amenaza la reconciliación, reabre viejas heridas y hace un uso "selectivo" de la memoria histórica. Pero salta a la vista que la supuesta "reconciliación" de 1977 no fue tal, sino un pacto de silencio, una amnesia convenida que ni indujo a los vencedores a contrición alguna ni liberó a los vencidos de su miedo. De otro modo, ¿por qué habrían tardado éstos cinco lustros más en revelar tantas fosas de ejecutados sin juicio, tantas tumbas de cuneta, tantas historias de feroz represión? Es cierto que durante la Guerra Civil la violencia político-social hizo estragos en los dos campos, y eso es algo que ninguna iniciativa memorial pública debe olvidar. Pero, después de homenajear durante 40 años en los muros de todos sus templos a los Caídos de un solo bando, ¿es la Iglesia católica la más legitimada para denunciar parcialidad en esta materia?

Dado que el terrorismo de ETA ya recibió en el pasado reiteradas y merecidas condenas por parte de los obispos, y que su actividad criminal se halla suspendida en virtud de una tregua, la novedad de la reciente Instrucción pastoral al respecto reside en su rechazo contra toda forma de acuerdo político que pueda contribuir a la autodisolución de la banda. Con lo cual la Conferencia Episcopal -consciente o fortuitamente- erige en mandamiento moral las tesis del Partido Popular, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, del Foro de Ermua, etcétera; desautoriza el papel desempeñado en estos últimos años por un sector importante del clero y de la jerarquía vascas (verbigracia, por monseñor Juan María Uriarte, actual obispo de San Sebastián) y hace exactamente lo contrario de lo que, en circunstancias semejantes, ha hecho la Iglesia católica irlandesa, por ejemplo.

Esperado con particular expectación y dulcificado respecto de los borradores previos, el capítulo que pretende "emitir un juicio moral justo" sobre "los nacionalismos" comienza por obviar completamente al nacionalismo español (lo cual, viniendo de los propietarios de la COPE, tiene su mérito...). Y, aunque dice partir de una "consideración ponderada de la realidad histórica", lo cierto es que manosea sin rigor alguno el tradicional concepto inmanente, casi eterno, ahistórico de España: "Los diversos pueblos que hoy constituyen el Estado español iniciaron ya un proceso cultural común, y comenzaron a encontrarse en una cierta comunidad de intereses e incluso de administración como consecuencia de la romanización" y del "anuncio de la fe cristiana" (página 23). ¿Había una cultura, unos intereses, una administración comunes entre el reino de Asturias y el califato de Córdoba, entre el condado de Barcelona y la taifa de Denia, entre los dominios de Pere el Cerimoniós y los de Pedro el Cruel, entre el austriacismo aragonés y el felipismo castellano de principios del siglo XVIII?

A pesar de su fuerte lastre nacional-católico, a pesar de que los monseñores siguen manejando una terminología preconstitucional y preestatutaria (hablan de "las regiones actualmente existentes..."), es verdad que el documento de Orientaciones morales... registra también avances semánticos: "No todos los nacionalismos son iguales...", "la unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y administrada de muy diferentes maneras", "la Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España (páginas 23-24). Procediendo de quien proceden, tales concesiones a los imperativos de la democracia no son desdeñables; pero tampoco significan que la jerarquía católica española haya abrazado de repente el derecho de autodeterminación.

En efecto, mientras que la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) acaba de exigir que la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía incluya entre sus contenidos "el aprecio por España" y "la defensa de la integridad territorial", el propio texto de los obispos subraya que "es un bien importante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier territorio o en cualquier ciudad del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados?" (el subrayado es mío). Llámenme malicioso, pero esa es exactamente la argumentación que sirvió al PP para recoger cuatro millones de firmas y para presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Cataluña. ¿Casualidad, o sintonía de fondo?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.