España asume la presidencia de una OSCE dividida entre Este y Oeste

España asumirá a partir del 1 de enero la presidencia de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) con el objetivo de saldar las grandes diferencias Este-Oeste que han quedado en evidencia durante el año que ahora concluye y tomado cuerpo en la reunión de ministros de Exteriores de los 56 países que ayer concluyó en Bruselas.

Madrid se presenta como un bálsamo y quiere resucitar la desaparecida costumbre de convocar una cumbre de la organización además de contribuir a que en 2007 Armenia y Azerbaiyán pacten sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, territorio ocupado por los armenios. También bajo presidencia española se decidirá si Kazajistán preside o no la organización en 2009.

La pretensión kazaja es una de las cuestiones que han quedado empantanadas en Bruselas. Se dejó para dentro de un año, cuando en Madrid se verá si el Gobierno de Nursultán Nazarbáyev ha puesto en marcha de forma acelerada y creíble sus prometidos planes de reforma democratizadora.

La candidatura de Kazajistán contaba con el aval de Rusia y del resto de los países de la Comunidad de Estados Independientes, heredera de la extinta URSS. Estados Unidos hizo valer su criterio de que es prematuro ofrecer al régimen kazajo la presidencia de una organización que siempre ha cuestionado su modo de conducir elecciones. Washington también criticó a Moscú, sin aludirle directamente, por presionar económicamente a los países vecinos, mientras Rusia reprochaba a la OSCE que intentara imponer soluciones a conflictos congelados como los de Osetia del Norte y Abjazia, en Georgia, y Trandsniéster en Moldavia, donde Moscú tiene guarniciones y mayoría de población de origen ruso. La falta de avances en estos territorios llevó a los países occidentales a negarse a ratificar el tratado sobre reducción de fuerzas convencionales en Europa.

Además de atender a las cuestiones pendientes, España coloca entre sus prioridades para 2007 la lucha contra el terrorismo, alentar una gestión racional del agua y el fomento de la participación y el desarrollo de las sociedades plurales.