Reganosa compra siete de las casas más próximas a la planta de gas de Ferrol

La empresa promotora de la planta de gas que se construye en Ferrol ha adquirido en los últimos meses siete de las casas más próximas a la factoría y ha derribado cuatro de ellas. El Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, la plataforma que se opone a que la instalación se ubique dentro de la ría, interpreta la compra y demolición de las viviendas como una operación para "sacarse de en medio" a los vecinos con más posibilidades de ganar una batalla judicial contra la regasificadora. Reganosa, compañía participada por la Xunta, sostiene, que las compras se realizaron "a petición de los vecinos y de mutuo acuerdo" y que su objetivo es lograr "un buen entendimiento con el entorno social".

Los inmuebles adquiridos por la promotora de la planta son parte de las casas de la parroquia de Mehá, perteneciente al ayuntamiento de Mugardos, que están ubicadas a unos 200 metros de la factoría. Los opositores a la regasificadora acusan a Reganosa de incumplir las distancias de seguridad que establece la legislación para instalaciones peligrosas. La empresa lo niega y argumenta que si las casas estuvieran dentro del perímetro de seguridad del recinto, hubieran sido expropiadas en su día. "La planta se construye con un crédito de 430 millones de euros concedido por ocho bancos. Si estas entidades tuviesen dudas sobre la seguridad o tramitación del proyecto no pondrían el dinero", señala un portavoz de la compañía.

A 200 metros de la planta de gas que empezará a funcionar en pruebas en enero aún viven vecinos. José Pereira reside desde hace 40 años en un inmueble con otras dos familias y dice que no ha aceptado la oferta de compra de Reganosa porque es "irrisoria": 390.000 euros por tres viviendas. "¡Cómo si no tuviéramos que realojarnos!", se queja el mugardés. De la empresa asegura no haber recibido ninguna información sobre el funcionamiento de la regasificadora, pese a tenerla pegada a su casa.

En relación con la planta de gas, la Comisión Europea tramita desde 2003 "un procedimiento de infracción contra el Estado español" por la vulneración de dos directivas comunitarias relativas a la evaluación del impacto ambiental y al control de riesgos en instalaciones que manejan sustancias peligrosas.