La Ronda de Doha debe relanzarse
Los autores insisten en la necesidad de que se completen las negociaciones de liberalización del comercio internacional en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
La reanudación de las negociaciones de la Ronda de Doha figura en lugar prioritario en las agendas de todos los interlocutores comprometidos en la Ronda. De hecho, parece que tras las elecciones al Congreso en Estados Unidos existe una ventana de oportunidad para reanudar las negociaciones en el calendario definido por el Congreso norteamericano con la Trade Promotion Authority. Compartimos con nuestros colegas congresistas la opinión de que esta ronda multilateral de negociaciones comerciales es demasiado importante para dejársela sólo en manos de los Gobiernos. Es como la guerra, cuando Clemenceau dijo acertadamente que es demasiado importante para dejarla en manos de los militares.
Los interlocutores de las negociaciones han demostrado ser muy poco flexibles
Pero nosotros pensamos también que no sólo es el Congreso de EE UU el que debe definir su agenda y su calendario. Por estas razones, en el Parlamento Europeo (PE) lanzamos, conjuntamente con la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Parlamentaria de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle (en 2002). Desde entonces, la Asamblea ha realizado un seguimiento de cerca de las negociaciones. Parlamentarios procedentes de todo el mundo reunidos en Ginebra para la sesión anual de la Conferencia Parlamentaria de la OMC han expresado su seria preocupación por el fracaso de la Ronda de Doha.
Pese a la promesa de mayor flexibilidad, los interlocutores principales de las negociaciones han demostrado ser muy poco flexibles y las conversaciones sobre áreas clave de acceso a los mercados agrícolas y no agrícolas nunca han avanzado.
La nuestra es una llamada de atención a todos los políticos responsables de adoptar decisiones, y por supuesto a todos los que como nosotros, diputados del Parlamento representantes de los intereses de los ciudadanos, tenemos la obligación de supervisar las acciones de los Gobiernos en el ámbito del comercio internacional y promover la justicia en la liberalización del comercio.
Una suspensión prolongada de las conversaciones de Doha tendría un efecto negativo duradero en todo el sistema de comercio multilateral y podría resultar en una proliferación de acuerdos de comercio bilaterales y regionales que con frecuencia situaría a los países más pobres en una posición de desventaja, creando un enredo inextricable.
Si los esfuerzos por resucitar las negociaciones no tienen éxito, las pérdidas políticas y económicas que acarrearían serían inmensas. Entre los primeros que se verían afectados negativamente estarían los países menos desarrollados, incluidos los Estados exportadores de algodón en África.
Un compromiso firme por parte de los principales interlocutores en las negociaciones, incluidos la Unión Europea, Estados Unidos y los miembros del G 20, es urgente para lograr un acuerdo equilibrado en todos los puntos principales de la negociación de la Ronda de Doha. Para ello es necesario poner un énfasis especial en la necesidad de asegurar beneficios significativos y sostenibles para los países en vías de desarrollo. Un acuerdo con compromisos específicos y cuantificables en agricultura, donde están particularmente extendidas las prácticas que distorsionan el comercio, es fundamental para el progreso general de las negociaciones. Los acuerdos de Hong Kong proporcionan una base para realizar progresos. Como ya se pueden apreciar los primeros síntomas de neoproteccionismo, con lobbies proteccionistas atrincherados en los parlamentos, debemos abordar este problema de modo prioritario.
Mantener el objetivo del desarrollo es de crucial importancia. La adopción por el Consejo General de la OMC de las recomendaciones Ayuda por comercio del 10 de octubre de 2006 es un paso hacia adelante. Tanto los países desarrollados como las naciones en vías de desarrollo deben crear unas condiciones de comercio más favorables para los países menos desarrollados, sin esperar la reanudación de las negociaciones. Las siguientes áreas merecen especial atención: garantizar el acceso libre de impuestos y sin cuotas a los productos procedentes de los países menos desarrollados siguiendo el patrón de la iniciativa de la UE Todo menos armas, proporcionando asistencia técnica real y medidas para fomentar la capacidad técnica.
Mientras no se reanudan las conversaciones existe el riesgo de que los Estados miembros de la OMC quieran intentar lograr a través de litigios lo que no han obtenido con las negociaciones. El sistema de resolución de conflictos de la OMC sirve como garantía de que las violaciones por cualquier país -sin importar cuán grande sea- no están fuera del alcance de otros Estados miembros. Sin embargo, los recursos del sistema vigente son escasamente adecuados para tratar con un crecimiento acelerado del número de conflictos comerciales que se trasladan a los organismos de resolución de conflictos.
Más que nunca, la OMC se enfrenta a desafíos institucionales y técnicos. Dentro de poco tiempo deberá emprender una reforma institucional destinada a mejorar su funcionamiento y a potenciar su responsabilidad y su legitimidad democrática. Los procesos de negociación deberían basarse en un enfoque completamente transparente. El consenso debería preservarse como piedra angular del proceso de toma de decisiones de la OMC. Sería inconcebible imponer a cualquier país políticas comerciales que erosionen su desarrollo.
La actual pausa en las negociaciones debería usarse para reflexionar sobre los modos de mejorar las condiciones para las futuras conversaciones. Sería particularmente importante estudiar la utilidad de las modalidades de negociación basadas en intercambios entre cestos negociadores con amplias diferencias. Bajo el actual sistema, las delegaciones esperan a menudo al último momento posible para presentar sus ofertas, lo que hace difícil de calcular los beneficios antes de la conclusión de los acuerdos. Los Parlamentos deben ejercer de forma cada vez más vigorosa y efectiva sus funciones constitucionales de supervisión y control de la acción gubernamental en el área del comercio multilateral. Se debería prestar más atención a medidas de incremento de la capacidad en relación con el comercio dirigidas a los Parlamentos de los países en vías de desarrollo.
Enrique Barón Crespo es eurodiputado y presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Gert Versnik es diputado belga y vicepresidente de la Unión Interparlamentaria (UIP).
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