La luz barata se acaba

El Gobierno, es decir, los departamentos de Economía e Industria, se enfrentan a una difícil decisión sobre las tarifas eléctricas. El sistema actual de fijación de precios en el mercado mayorista genera un déficit de tarifa -diferencia entre el coste de la electricidad al precio que fija ese mercado y los ingresos obtenidos al aplicar la tarifa oficial- de proporciones realmente faraónicas. El Gobierno tuvo que reconocer a las compañías eléctricas una deuda de 3.810 millones de euros, que los consumidores pagarán a plazos durante lustros, y este año se producirá otro déficit superior a los 4.000 millones de euros. Para acabar con esta máquina de generar deuda, el Gobierno tendría que autorizar una subida de tarifas muy fuerte, probablemente en torno al 25%. Como esa subida es políticamente imposible, la solución sería fragmentarla durante los próximos tres o cuatro años. Pero a pesar de esos "cómodos plazos", las subidas anuales tienen que ser muy elevadas. De entre el 6% y el 10%. Esta cantidad, que unos consideran adecuada, asusta a otros. De ahí la indefinición actual de la Administración.

La época de las tarifas eléctricas creciendo por debajo o al mismo ritmo que la inflación se ha terminado. De hecho, se acabó ya este año. Fue posible recortar el precio de la luz mientras bajaban los tipos de interés, el barril de petróleo estaba a 30 dólares o menos y la generación eléctrica contaba con la generosa bolsa de los Costes de Transición a la Competencia (CTC). Pero ahora que el precio del petróleo está por encima de los 63 dólares y el efecto de los tipos de interés ha cambiado de signo, la tendencia es a trasladar los costes reales a los consumidores domésticos e industriales. Además, un encarecimiento de la electricidad lleva al ahorro. Pero la cuestión espinisa es cuánto debe subir.