Mesquida deja en suspenso los arrestos disciplinarios en la Guardia Civil

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ha remitido una circular a los mandos del instituto armado en la que les insta a que se abstengan de imponer sanciones disciplinarias de arresto. La circular deja parcialmente en suspenso la aplicación de la ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil de 1991, que prevé arrestos domiciliarios de hasta 30 días por faltas leves y hasta dos meses de internamiento en centro disciplinario militar por faltas graves.

La decisión es consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 4 de noviembre, según la cual la reserva presentada por el Gobierno español al Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas no cubre a la Guardia Civil, que se rige por una ley independiente. El Convenio Europeo de Derechos Humanos obliga a que las penas privativas de libertad sean impuestas por una autoridad judicial independiente.

Según un informe jurídico encargado por Mesquida, las sentencias condenatorias del tribunal europeo no son ejecutivas ni de aplicación directa y tienen un valor meramente declarativo, pero de cara al futuro los poderes públicos están obligados a ajustarse a su jurisprudencia, ya que es el máximo intérprete del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incorporado al derecho interno español.

Este informe jurídico y el hecho de que el Gobierno esté preparando una modificación de la ley disciplinaria de la Guardia Civil que suprime los arrestos han llevado a Mesquida a enviar una circular interna que los deja ya en suspenso. La reforma legal, cuya remisión al Congreso debería aprobar el Consejo de Ministros antes de final de año, no entrará en vigor hasta el próximo verano, en el mejor casos.

Las fuentes consultadas aseguraron que la decisión de Mesquida es anterior al anuncio de movilizaciones por parte de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, una de cuyas reivindicaciones era precisamente la supresión de los arrestos disciplinarios, prometida por el PSOE. Hoy mismo, miembros de la AUGC tienen previsto acudir a la sede del Defensor del Pueblo en defensa de sus demandas.