El Superior quiere reunirse con Justicia de inmediato al no ver solución a la huelga

La comisión creada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior para recabar información sobre la evolución de la huelga indefinida en la Administración de Justicia, que está presidida por el propio presidente del alto tribunal, Fernando Ruiz Piñeiro, acordó ayer solicitar una reunión con el departamento ante la preocupante evolución del conflicto. El paro, iniciado el pasado 24 de octubre, está a punto de entrar en su sexta semana. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior rechazó ayer la orden de Empleo, consejería compartida con Justicia, que aumentaba el personal para los servicios mínimos, aceptando así la petición sindical. Más del 60% de la actividad judicial se encuentra ya paralizada.

El Departamento de Justicia tuvo que afrontar ayer un día especialmente duro al volvérsele en contra varios de los instrumentos con los que pretendía minimizar los efectos de la huelga. Primero, la comisión presidida por Ruiz Piñeiro analizó, en una reunión con las centrales convocantes de los paros, el contenido de la última propuesta económica del Gobierno. El Superior cree necesario mantener de inmediato una nueva cita con el viceconsejero de Justicia, Josu Sagasti, para aclarar algunos extremos de esa propuesta y evaluar la evolución de una huelga que, según los datos aún provisionales del alto tribunal, ha paralizado casi toda la actividad en los juzgados de lo Civil, el 70% en los laborales y el 60% en los de lo Contencioso. En Penal, sólo se ven las medidas cautelares y las órdenes de prisión. Además de en los juzgados, en los servicios comunes de los Palacios de Justicia el atasco está siendo monumental, porque los asuntos no urgentes se siguen acumulando.

Fuentes del alto tribunal que participaron en la reunión se mostraron especialmente preocupadas por la distancia entre ambas partes, que puede enquistar el conflicto. El consejero, Joseba Azkarraga, reiteró ayer mismo que su última oferta concede a los trabajadores "prácticamente la equiparación salarial" con los demás funcionarios que exigen los sindicatos. Sin embargo, para las centrales ni siquiera se acerca a ese objetivo. El Gobierno estima el coste de su propuesta en 5,2 millones de euros. Los sindicatos replican que "tiene trampa", porque llega a esa cantidad, pero en 2009. La Sala de Gobierno quiere contrastar en la reunión con Justicia, todavía sin fecha, la información que le facilitaron ayer las centrales.

La preocupación del Superior radica en que la huelga indefinida (se celebra todos los martes, miércoles y jueves) suma ya seis semanas y los trabajadores no han mostrado síntomas de desistir. Las centrales ofrecen cada día de paro datos de seguimiento superiores al 80%, porcentajes que se ajustan más a la realidad, según fuentes del alto tribunal, que los que ofrece el Gobierno (inferiores al 30%), sobre todo por las consecuencias que está teniendo el conflicto.

Orden injustificable

El segundo instrumento que el departamento puso en marcha para intentar frenar los efectos de la huelga, la orden del 27 de noviembre que ampliaba el número de trabajadores que deben cumplir servicios mínimos, fue rechazada por la Sala de lo Contencioso del Superior. El tribunal estima que no es justificable ampliar la dotación de personal para los servicios mínimos cuando no ha habido una modificación de los parámetros de la huelga.

Los sindicatos, citando datos del propio Gobierno, sostuvieron en la vista previa que si la participación en la huelga no ha crecido ni se ha modificado, el único sentido de la ampliación de los servicios mínimos es privar del derecho a la huelga a los trabajadores que se iban a ver afectados. La nueva orden, que iba a sustituir a otra dictada el 19 de octubre, ampliaba de 230 a 250 el número de empleados afectados por los mínimos.

Las centrales y los miembros de la Sala de Gobierno debatieron también sobre la petición que hizo el pasado miércoles el decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, y por turno del Consejo Vasco de la Abogacía, Nazario Oleaga, para que los jueces suspendan las vistas orales con una antelación de la menos tres días. Con esa medida se trataría de evitar que los costes de peritos y traslados de los letrados en los casos de suspensión de las vistas repercutan al final en el justiciable, como ahora sucede.

Los representantes del Superior argumentaron que la propia configuración de los servicios mínimos, que no han tenido en cuenta la división de los funcionarios en cuerpos judiciales, no permite saber con antelación si el juez va a poder contar en la vista oral con los funcionarios que asisten a los juicios.

La portavoz del comité de huelga, Elena Pérez, de CCOO, declaró que gran parte de las críticas de los jueces a los servicios mínimos se basan precisamente en que "los ha diseñado alguien que no conoce la realidad de los palacios de justicia".

El Superior tampoco cree que sea posible elaborar una instrucción y remitirla a todos los juzgados para que suspendan sistemáticamente todas las vistas hasta que se resuelva la huelga. Para las centrales resulta incomprensible la postura del consejero y así se lo transmitieron a la comisión de la Sala de Gobierno. "El Gobierno vasco está politizando el conflicto", creen los sindicatos.