El Tribunal de Cuentas multa a CiU y el PSC por excederse en el gasto electoral de 2003

Las dos formaciones mayoritarias en Cataluña, Convergència i Unió (CiU) y el Partit dels Socialistes (PSC), gastaron más dinero del permitido por ley para sufragar la campaña de las elecciones autonómicas de 2003. Así lo evidencia el informe que el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo acerca de la contabilidad económica de ambos partidos. El tribunal también denuncia el origen desconocido de muchos ingresos y donaciones y recomienda la aprobación de una ley electoral catalana que otorgue capacidad sancionadora a la Sindicatura de Cuentas.

Estas irregularidades financieras han llevado al Tribunal de Cuentas a imponer sendas multas, por valor de 26.545 euros a los nacionalistas y de 22.170 euros para los socialistas. Dichas cantidades les serán recortadas de las subvenciones electorales de 2006, correspondientes a los resultados obtenidos en las pasadas elecciones del 1-N.

El informe del tribunal encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, recogido ayer por Europa Press, evidencia diferentes incumplimientos de la ley electoral, tanto en la financiación como en su gasto posterior. De hecho, ambas formaciones "superaron el límite máximo de gasto dedicado a la publicidad exterior, publicidad en prensa o en emisoras de radios privadas".

CiU superó en 179.609 euros el límite máximo de gasto para una campaña electoral, que se sitúa en 442.437 euros. El PSC también ha sido amonestado por idéntico motivo, pues destinó a anuncios en prensa y radio 460.708 euros, y se excedió de esta forma en 18.271 euros.

Las irregularidades van mucho más allá, pues el tribunal detecta serias anomalías en la procedencia de los ingresos de ambas formaciones. El informe evidencia la ausencia de una "justificación fehaciente de su procedencia", lo cual vulnera la legislación.

Contabilidad doble

La ley obliga, además, a gestionar económicamente la campaña a través de cuentas corrientes específicas y, por tanto, a llevar una contabilidad independiente de la general. La fiscalización de las cuentas demuestra que, si bien CiU mantenía en activo una cuenta especial, ésta no contaba con suficiente liquidez para hacer frente, tras las elecciones, al pago de todas las deudas adquiridas durante la campaña.

La deuda que los nacionalistas acumularon ascendió a 344.493 euros, por lo que, ante la falta de fondos en la cuenta específica electoral, CiU tuvo que echar mano de la contabilidad ordinaria, "incumpliendo así el artículo 125.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General", afirma el informe.

El Partit dels Socialistes de Catalunya cometió idéntica irregularidad al pagar determinados gastos a través de la contabilidad general de la formación y no de la cuenta electoral específica a la que obliga la ley. De hecho, el PSC pagó 145.408 euros de la tesorería ordinaria, 7.302 euros en facturas de caja e imputó 62.770 euros a diversas federaciones territoriales.

El Tribunal de Cuentas recomienda la aprobación de una ley electoral catalana para que la Sindicatura de Cuentas asuma la fiscalización y la capacidad sancionadora de los gastos electorales de cada partido y, de esta forma, acabar con las "incertidumbres" de la actual situación.

Esta recomendación, dirigida tanto al Parlament como a la Generalitat de Cataluña, no es ninguna novedad. Ya en 2002, la Sindicatura de Cuentas se negó a imponer sanciones al PSC tras alegar falta de competencia, pese a quedar demostrado que los socialistas superaron el gasto permitido por ley en los comicios autonómicos de 1999.

El Tribunal de Cuentas también aconseja que la futura ley tenga en cuenta sus resoluciones históricas para así armonizar las diferentes normativas electorales, tanto la estatal como las autonómicas.

El informe del organismo estatal también fiscaliza las elecciones al Conselh Generau d'Aran celebradas el 25 de mayo de 2003 y plantea reducir las subvenciones a Convergència Democràtica Aranesa en 49 euros, y la de Unitat d'Aran-Progrés Municipal-PSC en 500 euros.

El Tribunal de Cuentas no ha advertido irregularidades en las restantes formaciones políticas.