Tribunal sensible

La ponencia del Congreso que tramita la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado una enmienda presentada por CiU y ERC para que los cuatro miembros de ese Tribunal (compuesto por 12 magistrados) cuya designación corresponde al Senado sean elegidos de entre los propuestos por las 17 comunidades autónomas. PSOE, IU y PNV votaron a favor, y el PP no descarta hacerlo en la tramitación ulterior.

ERC ya planteó hace años en el Parlamento catalán una propuesta instando a modificar en ese mismo sentido la Ley del TC. Más tarde, la expectativa de reforma del Senado, en el marco de las reformas constitucionales planteadas por los socialistas, derivó el debate hacia ese terreno. Pero el bloqueo de tales reformas por falta de acuerdo del PP (cuyo concurso es imprescindible para alcanzar la mayoría cualificada requerida) favorece la vuelta a las reformas parciales. La planteada ayer requeriría de todas formas del respaldo del PP, porque sólo podría hacerse efectiva a través de una reforma del reglamento del Senado que determinase el modo de articular la participación de las autonomías en la nominación de los candidatos.

Ocho de los 12 miembros del TC son de elección parlamentaria. Tradicionalmente, los dos grandes partidos (que ahora mismo representan el 80% de los votos y el 90% de los escaños) han pactado los nombres, aunque, en general, incluyendo entre ellos alguno negociado con los principales partidos nacionalistas. En 2001 quedó fuera del acuerdo el PNV, lo que ya fue motivo de protesta. Lo que ahora se intenta es que esa presencia esté garantizada, al margen de cuál sea la política de alianzas del momento del PP o del PSOE, y que tampoco dependa de su buena voluntad.

La forma como los nacionalistas han presentado a veces esa demanda resulta equívoca, al dar por supuesto que sus comunidades, y las sensibilidades autonómicas correspondientes, sólo estarán genuinamente representadas si los candidatos son de su cuerda o avalados por ellos. Pero al margen del discurso con que se justifique, la propuesta encaja con la lógica del sistema autonómico. Mientras que es contradictoria con esa lógica la pretensión de que los partidos mayoritarios tengan derecho a repartirse entre ellos todos los cargos de elección parlamentaria.

La autonomía tiene dos caras complementarias. Por una parte, es una forma de descentralización del poder en favor del autogobierno de las partes; pero es también un mecanismo de participación de las partes en las instituciones comunes. Por ejemplo, en el Consejo de RTVE, en el Tribunal de Cuentas, el Consejo del Banco de España y en el Tribunal Constitucional, interprete máximo de la Constitución y entre cuyas competencias figura la de dirimir eventuales conflictos de competencias entre el Estado y las autonomías. Es lógico que estas últimas aspiren a ver representados sus puntos de vista en esos organismos. Y mientras no tengamos un Senado federal, habrá que ir adaptando las leyes a la realidad autonómica de España.