Vivenda investiga el piso protegido del hijo del alcalde de Cee

La Xunta ha abierto una investigación para determinar el uso de la vivienda protegida que el hijo del alcalde de Cee compró en A Coruña. La Consellería de Vivenda trata de averiguar si Daniel Domínguez utiliza ese piso, situado en A Coruña, como residencia habitual, tal y como obliga la Lei de Vivenda Protexida. No hacerlo está tipificado como una falta muy grave con multas de hasta 60.000 euros.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, calificó ayer el urbanismo de Cee como un "ejemplo paradigmático de lo que no se debe hacer, de lo que hay que evitar en el futuro", una tarea que. según Touriño, pretende liderar la Xunta de Galicia y para la que precisa de la colaboración de los ayuntamientos. Tras la reunión del Consello de la Xunta, Touriño aseguró que "los rellenos mal hechos y las barreras artificiales en los cauces de los ríos conforman una realidad que se ha encontrado el nuevo Gobierno gallego" y que influyen directamente en la intensidad de las riadas que algunas localidades costeras están sufriendo durante los últimos meses.

También relacionado con las prácticas urbanísticas en el Ayuntamiento de Cee, la Consellería de Vivenda ha anunciado una investigación sobre el uso del piso protegido que el hijo del regidor, Daniel Domìnguez Martínez, hace de su vivienda social.

Los inspectores de la Consellería de Vivenda revisarán las facturas del consumo de gas, agua y electricidad durante los últimos meses para averiguar si Daniel Domínguez Martínez, hijo del alcalde de Cee, vive realmente en el piso protegido que el anterior Gobierno gallego le adjudicó en junio de 2001. Fuentes del departamento que preside Téresa Táboas explican que "se trata de un procedimiento habitual que la consellería inicia cuando existen dudas razonables de que algún propietario esté cometiendo algunas irregularidades".

Esas dudas razonables surgieron después de que este diario desvelase que Domínguez Martínez, socio en varias constructoras de la Costa da Morte con domicilio social en Cee, disponía una vivienda de protección oficial en una calle de A Coruña. La ley de Vivenda considera una infracción muy grave que los pisos protegidos no se destinen a domicilio habitual y permanente e incluso penaliza al propietario que mantenga su casa deshabitada, sin causa justificada por un período posterior a tres meses. Para este último caso la consellería establece multas de hasta 60.000 euros y se reserva el derecho de tanteo o retracto sobre los inmuebles, en el caso de que algún propietario vulnere los requisitos legales. Las investigaciones de las próximas semanas determinarán si Vivenda incoa un expediente sancionador contra Daniel Domínguez Martínez.

Investigacion en Santiago

La consellería ha abierto otra investigación en una urbanización de viviendas unifamiliares en la zona de O Avío en Santiago. En este caso la inspección persigue un presunto fraude de algunos propietarios que, según una denuncia presentada en Vivenda, estarían alquilando sus pisos protegidos a través de una agencia inmobiliaria, una práctica también prohibida por la legislación vigente.

El comunicado de la Xunta recuerda que el régimen de protección de estos pisos se extiende a lo largo de 15 años, si bien los propietarios pueden vender sus propiedades, transcurridos 10 desde el momento de la escritura, siempre que los compradores cumplan los requisitos para demandar vivienda protegida y al precio que establece la ley.

Si en el trancurso de la inspección que los técnicos van a iniciar en las 146 viviendas unifamiliares de la urbanización se detecta algún tipo de irregularidad, Vivenda iniciará un expediente informativo, que podría acabar en la aplicación de sanciones económicas e incluso con la retirada de los préstamos subsidiados por el Gobierno gallego.