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Cuatro de los doce jueces del Constitucional serán elegidos a propuesta de las comunidades

El Senado tendrá que reformar el reglamento para decidir entre las 17 posibles alternativas

La ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso encargada de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional incorporó ayer una enmienda de CiU y ERC, apoyada por el PSOE, IU-ICV y PNV, que establece lo siguiente: "Los magistrados propuestos por el Senado [cuatro de los 12 que conforman el tribunal] serán elegidos entre los candidatos presentados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara". Esta reforma sólo será efectiva cuando se reforme ese reglamento del Senado.

La modificación incorporada ayer en el Congreso sin el apoyo, al menos de momento, del PP, implica reconocer por primera vez en la democracia alguna participación de las autonomías en el nombramiento de un órgano constitucional.

Los 12 miembros del tribunal son elegidos cada nueve años con una fórmula fija: cuatro designados por el Congreso, dos por el Gobierno, otros tantos por el Consejo General del Poder Judicial y los cuatro restantes por el Senado. Éstos últimos son lo que saldrán a partir de ahora entre las propuestas llegadas de los parlamentos autonómicos.

Según la redacción pactada ayer entre los socialistas y sus socios, todas las comunidades tienen derecho a propuesta, de tal manera que es posible que lleguen 17 alternativas. Para decidir entre ellas, el Senado tendrá que marcar una fórmula que quedará plasmada en la prevista reforma de su reglamento. Sin embargo, para ejecutar esa modificación es imprescindible el concurso del PP, un partido que ayer no se sumó al pacto de todos los demás, aunque podría hacerlo durante el trámite de la ley, según fuentes de la negociación.

Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, explicó que los socialistas han aceptado esta enmienda por dos motivos: primero, en congruencia con las reformas de los estatutos de autonomía, especialmente el catalán, que abre el camino para que el Gobierno autonómico -y no los parlamentos, como se pactó ayer- pueda proponer a magistrados del Constitucional.

Sin embargo, el texto catalán sentenciaba en su artículo 180: "La Generalitat participa en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo General del Poder Judicial, en los términos que dispongan las leyes, o, en su caso, el ordenamiento parlamentario", esto es, se refería en exclusiva al Gobierno catalán, mientras la reforma pactada ayer obliga a los catalanes a repartirse esa tarta de igual a igual con todas las demás comunidades.

La segunda razón, según Jáuregui, es la de "conferir al Senado su sentido constitucional de Cámara territorial", uno de los proyectos fundamentales del Gobierno para el que espera contar también con el apoyo del PP, algo que en este momento parece lejano y que en cualquier caso requiere una compleja reforma de la Constitución.

Los más satisfechos eran ayer los portavoces de CiU y ERC. Jordi Jané, miembro del primero de los dos grupos catalanes, se congratuló, ya que "hasta el momento las comunidades autónomas nunca participaban formalmente en el proceso de proponer candidatos al Constitucional, mientras que sí lo hace el Gobierno directamente eligiendo dos magistrados". En opinión de Jané, esta reforma tendrá efectos ya en la próxima renovación del tribunal, prevista para noviembre de 2007. El portavoz de CiU obvió sin embargo que antes habrán de pactar PSOE y PP para reformar el reglamento del Senado.

Jané sostuvo que esta reforma viene a desarrollar el pacto alcanzado en el Estatuto catalán, que "establece también en su artículo 180 que la Generalitat participará en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional".

Según Joan Tardá, portavoz de ERC, "el acuerdo es un gran avance, ya que permite adecuar la designación de los miembros del Constitucional a lo que prevé el artículo 180 del Estatuto catalán". "Se trata de un primer paso muy importante en el proceso de descentralización del poder judicial en el Estado español. Además, es la primera ley orgánica española que se adapta al texto del Estatuto", insistió Tardá.

El PP no apoya

Ana Torme, portavoz del PP, explicó que su partido fue el único que no se sumó al pacto por el asunto de los nombramientos del Constitucional propuestos por las autonomías, un asunto sobre el que los populares aún no han tomado una decisión definitiva. El PP no apoya el texto, dijo, sobre todo porque no se ha aceptado el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos que reclamaba.

La diputada de IU-ICV Isaura Navarro, que sí se sumó al acuerdo, aseguró más tarde: "Es razonable que si el Constitucional decide habitualmente sobre las leyes que promulgan los parlamentos autonómicos, éstos tengan algún tipo de implicación en el proceso de nombramiento de ese Tribunal"

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La ley abandona ahora la ponencia y pasará a la Comisión Constitucional del Congreso el próximo día 18.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de noviembre de 2006