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Un magistrado acusa a la Ertzaintza de ocultarle pruebas de 'kale borroka'

La Consejería de Interior lo desmiente y anuncia una queja ante el Consejo del Poder Judicial

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao ha acusado a la Ertzaintza de ocultar datos en la elaboración de un atestado de violencia callejera. La acusación se refiere al informe sobre los incidentes del 10 de noviembre en la capital vizcaína, donde fueron detenidos dos jóvenes y en los que varias personas rociaron con gasolina a un policía municipal y atacaron con un spray a su compañero.

El juez ha decidido inhibirse del caso en favor del magistrado de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo, quien ya investiga los hechos de kale borroka que se produjeron esa noche. En su auto, adelantado ayer por Europa Press, el juez pide que se deduzca testimonio contra la Policía vasca por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento público y contra la Administración de Justicia, por impedir la persecución de delitos y ocultar datos.

La Ertzaintza envió inicialmente un atestado sobre los hechos que rodearon la detención de un vecino de Sestao en el que le acusaban de desórdenes públicos por haber volcado un contenedor. El detenido salió en libertad bajo fianza de 6.000 euros, mientras que la otra persona arrestada, menor de edad, ingresó en el centro de menores de Zumarraga (Guipúzcoa). El magistrado, ante la carencia de datos que tenía el atestado policial, pidió posteriormente una ampliación a la Ertzaintza, que no llegó de manera inmediata. El juez, además, no entendía, con los datos que recogía el atestado policial, cómo la Ertzaintza puso a disposición judicial a los detenidos en vez de prorrogar las detenciones para continuar con las investigaciones. Pero para entonces, la Ertzaintza ya había decidido trasladar las diligencias sobre los hechos de kale borroka de ese día en Bilbao, delito de terrorismo, al juez de la Audiencia Nacional, competente en estos casos. De hecho, fuentes policiales aseguraron ayer a este periódico que a raíz de las investigaciones abiertas por los delitos de terrorismo en relación con este caso no se descartan operaciones contra los grupos de violencia callejera de apoyo a la organización terrorista ETA. Entre las diligencias policiales había identificaciones de alborotadores realizadas por escoltas de ediles el PP, así como otros testimonios de ertzainas que actuaron en los incidentes que se produjeron en el casco viejo de Bilbao.

La Consejería vasca de Interior desmintió ayer las acusaciones del titular del juzgado de instrucción de Bilbao que ha denunciado los hechos. "El magistrado conoce perfectamente desde el inicio de la tramitación de las diligencias", indicó Interior en una nota, "que todos los hechos relacionados con las imputaciones sobre participación en actos de violencia callejera fueron puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional, como establece la legalidad vigente".

Según Interior, "fue la propia Audiencia Nacional la que desestimó la posibilidad de que las diligencias fueran remitidas al juzgado de instrucción de la capital bilbaína, ordenando en su lugar la remisión a dicho juez de una copia de los documentos enviados a la Audiencia, lo que fue puntualmente realizado por la Ertzaintza". Fuentes de Interior consultadas por este diario consideran que esta polémica es un problema de jurisdicción entre jueces que ha terminado por salpicar "de manera injusta" a la Ertzaintza.

El juez llegó a citar a los mandos de la Ertzaintza, "bajo apercibimiento de desobediencia", por lo que éste considera que hubo obstrucción a la labor judicial. Interior por el contrario ha anunciado que se quejará de la actitud del juez ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El caso, finalmente, pasará a manos de Juan del Olmo, que ya conocía los hechos en la parte del caso relacionados con los supuestos de delitos terroristas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de noviembre de 2006