El PP se rebela contra el Supremo

Injusta, inexplicable, contaminada ideológicamente e inaudita son sólo algunos de los calificativos que el PP valenciano ha utilizado para referirse a la sentencia del Tribunal Supremo que condena al alcalde de Vila-real (Castellón), Manuel Vilanova, a un año y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

El Supremo lo considera culpable por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" y por hacer oídos sordos a una "historia interminable" de quejas y denuncias contra el ruido procedente del generador de una fábrica de cerámica en situación irregular.

Todos los dirigentes del PP han dicho que acatan el fallo pero, desde el pasado viernes, día en el que se conoció la pena, el puesto del alcalde está a disposición de la dirección del PP, que de momento no ha aceptado la renuncia. Tanto es así, que el lunes por la noche el alcalde presidió el pleno municipal en un salón abarrotado de vecinos y cargos del PP, encabezados por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Carlos Fabra afirma que el fallo del alto tribunal "es una sentencia política"

Desde el viernes, todos los dirigentes del PP valenciano, sin excepción, se han afanado en sus críticas, no sólo al fallo, sino también al ponente del Supremo que lo firma, José Antonio Martín Pallín. Una postura que, tal y como dijo Fabra, está avalada por el PP que dirige Mariano Rajoy. "No he hablado con él directamente, pero sí con altos cargos que han dejado la decisión a nuestro criterio", dijo Carlos Fabra. Ayer, el presidente de la Generalitat valenciana y del PP regional, Francisco Camps, apoyó públicamente esta postura y únicamente añadió que el alcalde será inhabilitado de su cargo en cuanto la sentencia del Tribunal Supremo "sea firme", pese a que el fallo es firme desde el mismo momento de su firma. Su segundo en el Consell de la Generalitat, Víctor Campos, ya había dicho que se trata de una sentencia "contaminada de mucha ideología".

"Es una sentencia política", sentenció Fabra, que obvió que la sentencia la firman tres magistrados. "Hemos visto valoraciones personales que nos han sorprendido", añadió. El PP considera que el hecho de que una de las denunciantes sea hermana de un dirigente local socialista ha sido determinante.

El letrado de los vecinos que denunciaron los ruidos, Santiago Albiol, salió ayer en defensa de los magistrados del Supremo, "aunque su trayectoria no precisa de ninguna defensa". Así, recordó que Martín Pallín fue propuesto por el PP para el cargo de Defensor del Pueblo y que la propuesta "desencadenó una campaña denigrante por parte del PSOE y de IU", que vetaron su nombramiento. "Entonces, el PP dijo que era un juez de insobornable independencia", añadió el abogado. Albiol afirmó que el PP se ha declarado "en rebeldía procesal" y señaló como motivo que Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública, fraude fiscal y presunto delito de falsedad "está utilizando al alcalde de Vila-real de escudo".